Acordó gobierno con bancos suspender ya las ejecuciones

El gobierno acordó ayer con los bancos la suspensión de las ejecuciones judiciales hasta el próximo 1 de febrero. Roberto Lavagna y Alfredo Atanasof presentaron el acuerdo ayer junto a banqueros como una solución para el conflicto que el gobierno mantiene con el Congreso por las subastas que deberían reanudarse el próximo lunes. En los siguientes 75 días, los bancos negociarán con los deudores y se elaborará un registro de quienes están en situación de mora. La medida es un respiro para las empresas en problemas. La CAME estimó que sólo en el caso de los comercios de venta podría haber más de 10.000 cierres y remates si no se establece un sistema para renegociar deudas. Los representantes de las entidades bancarias alegan, de todas formas, que los números de remates anunciados fueron exagerados. En el Congreso se recibió ayer la noticia con optimismo, pero se considera insuficiente ya que no comprende las deudas entre particulares, como los préstamos de escribanía. Exigen también que el acuerdo con los bancos se plasme en un instrumento legal. Por eso es que esta semana podrían avanzar de todas formas con una ley que suspenda las ejecuciones. Hoy Atanasof concurrirá al Senado para tratar de frenar ese proyecto, que complica al gobierno en la negociación con el FMI. La preocupación de Duhalde por este tema hizo que llamara personalmente a los gobernadores para bloquear el avance del Congreso.

El gobierno llegó ayer a un acuerdo con los bancos para suspender las ejecuciones judiciales hasta el próximo primero de febrero.

En ese lapso se deberán abrir negociaciones con los deudores después de hacer un relevamiento de los casos comprendidos. «Lo que la semana pasada era una suspensión por 30 días, es ahora una prórroga por 75 días, con acuerdo de los acreedores», dijo ayer Alfredo Atanasof después de la reunión al anunciar el acuerdo junto a Roberto Lavagna y los titulares de Abappra, Carlos Heller, y de ABA, Mario Vicens.

Los banqueros llegaron a la reunión en el Ministerio de Economía teniendo acordada una postergación voluntaria. El Ejecutivo había anunciado la semana pasada que prorrogaría por decreto y por 30 días las ejecuciones bancarias, en respuesta a una iniciativa del Congreso de sancionar por Ley una prórroga superior, de 180 días, pero luego se retractó de esa idea. A cambio Lavagna comenzó a negociar con los bancos una suspensión voluntaria. Los argumentos del ministro con los bancos fueron claros: «No vamos a poder parar una ley del Congreso. Necesito un compromiso fuerte y público de ustedes para frenarla. Si no llegamos a un acuerdo se me complica todo en Washington», suplicó.

De todas formas los banqueros ya habían hecho cálculos desde hace tiempo. A ninguno le convenía iniciar un proceso de ejecuciones masivas, sabiendo que en el mercado no hay suficientes compradores de propiedades en subastas y por lo tanto, corrían el riesgo de llenar su cartera de inmuebles o a lo sumo recuperar un monto mínimo del capital prestado. Además la prórroga que ofrecían en realidad regirá hasta fines de diciembre ya que en enero los tribunales se encuentran de feria y todo proceso judicial queda suspendido. Por lo tanto la suspensión real no supera los 45 días, plazo en el que pueden negociar y recuperar parte de la cartera morosa.

Cuando llegó la hora de la reunión los banqueros ya tenían una postura uniforme y sólo se limitaron a ratificarla protocolarmente ante el ministro. Cualquier solución fue interpretada como mejor que una ley del Congreso que forzaría la prórroga y al mismo tiempo complicaba la situación con el FMI.

Heller dijo al salir de la reunión que «no es el interés de las entidades transformar a los bancos en inmobiliarias o quedarnos con los bienes. Los bancos tienen la voluntad de renegociar y no de ejecutar. Hoy no tendría sentido ejecutar una vivienda o una garantía porque el dinero que obtendría el banco sería menor al que prestó» dijo.

Por su parte, Vicens explicó que «la solución definitiva a este problema es que los deudores recuperen su capacidad de pago. Este acuerdo forma parte de la búsqueda de la normalización de las relaciones entre los bancos y sus clientes».

• Repago

Lavagna, reforzando sus pronósticos positivos con relación a la economía argumentó luego en público que la capacidad de repago de los deudores mejorará para febrero acompañando el crecimiento que registrará la actividad en su conjunto.

Un punto central en el acuerdo será la confección de un registro del número de deudores comprendidos en esta prórroga, ya que según los banqueros los números publicados por la prensa son exagerados. «Creemos que la cifra está sobreestimada», asintió Atanasof. «Nos sorprendió el número de damnificados que se estaba manejando», dijo Heller. «Serán muchos menos los casos de posibles ejecuciones», confirmó Vicens.

Pero ese cálculo supuestamente exagerado de acuerdo a los banqueros, en realidad oculta otro problema que el gobierno no tomó en cuenta por estar fuera del acuerdo con el sistema financiero: los deudores con préstamos ejecutables por afuera del sistema financiero que serían muchos más que los bancarizados. Este tema fue el que desencadenó ayer la bronca del Congreso.

Eso quedo claro cuando Lavagna destacó que: «No hay necesidad de un decreto para poner en marcha este acuerdo» y sólo confió en que en el caso de las deudas entre privados: «prive la misma razón que permite ahora la renegociación de los contratos entre bancos y deudores». Unicamente prometió para estos últimos casos una suerte de amenaza: «La AFIP investigará los orígenes de los fondos que fueron prestados como una forma de incentivar en la sociedad argentina el concepto de cumplir con las obligaciones», dijo.