Acreedores presentarán última oferta al Gobierno: será en 54,9%

Economía

A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/2030, y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024. También quieren que se prorrogue "anabólico" del bono 2030.

“We are working for a compromise at 54,9%”. Muy conforme, pero sin triunfalismo, uno de los principales negociadores contratados por uno de los tres grupos que representan a los acreedores con títulos emitidos bajo legislación extranjera le confirmaba a este diario que los bonistas le presentarán a la Argentina su decisión de volver a negociar “de buena fe”. Y sobre una oferta concreta y definitiva para cerrar el acuerdo. Está armada, básicamente, sobre la fórmula de partir las diferencias financieras entre las dos partes, y en aclarar ante instituciones de peso internacional las cuestiones legales sobre las que no hay acuerdo (ver nota aparte).

Según la fórmula aún en elaboración, la intención es cortar las puntas entre el 53% que proponía el Gobierno de Alberto Fernández y el 56% de la última propuesta de los acreedores. El porcentaje final de Valor Presente Neto (VPN) de la deuda sería un equilibrado (levemente inclinado hacia el costado acreedor) 54,9%. A ese número se llegaría con un mix de incremento en los pagos por parte del país de unos u$s130 millones anuales en el período 2020/ 2030; y entre 40 y 50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos que se tome. Reclamarán además que el Gobierno prorrogue el “anabólico” del bono 2030, pero que tome en cuenta una tasa de interés superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció la última, y fallida, oferta de Martín Guzmán, asumiendo que tampoco se aplicaría la intención de los bonistas de una tasa de 4,9%.

Según la visión de los acreedores, este podría ser el mayor aporte desde los fondos de inversión para acelerar el acuerdo final. Los números del Excel del negociador que habló este fin de semana con este medio, de profesión abogado, es que al país la mejora que reclamarán los acreedores le costaría un 0,05% del PBI de los próximos 10 años. “Peanuts”, opina la fuente.

Sobre la cuestión legal, los acreedores están dispuestos a discutir nuevamente el concepto de “acreedores privilegiados” y, ahora sí, dejarse calificar de esa manera si esto ayuda a destrabar las negociaciones. Esto implicaría que las “cláusulas de reasignación” quedarían delegadas sólo a los inversores particulares. Mientras que, si se llega a un acuerdo, BlackRock, Fidelity, Ashmore, Authority, Monarch, Gramercy, Pharo Managment, Redwood Capital, Oaktree Capital, VR Capital, HBK, Pimco, Mangart Capital, Amundi, BlueBay, Rowe Price, Western Asset Management, Wellington, Alliance Bernstein y Cyrus -entre aproximadamente otros 80 tenedores de deuda-, serían considerados como exentos de la primera calificación y, en consecuencia, liberados de eventuales reasignaciones según las fórmulas de Guzmán. Se convertirían así en VIP, por encima de los particulares en general (salvo personas con mucho volumen de deuda argentina) y de los fondos menores en litigio. Todos estos podrían luego ser derivados a una escala de bonos según los criterios de Economía.

Sobre las versiones del fin de semana emitidas desde Buenos Aires, y que hablan de la posibilidad cierta de que el Gobierno de Fernández declare desierto el canje al no haberse conseguido el 50% de las acreencias y que el número final se ubique cerca de un algo humillante 40%, la fuente prefiere la prudencia. “Siempre dijimos que el ganador al final será el Gobierno argentino, y que nuestra actitud nunca será triunfalista. Apostamos por un país para que nos paguen 100% de los papeles más intereses, y estamos negociando un 54,9%. No tiene nada de exitosa esta inversión para nosotros”, aseguraba, hábil, el negociador.

Lo cierto es que el viernes por la tarde, ya con los primeros datos preliminares de la Security and Exchange Commission (SEC) sobre la mesa, desde las huestes de los bonistas todo era satisfacción. Esa misma tarde de la última jornada de la semana pasada, los dos principales referentes legales de los fondos de inversión estaban con sus contactos con Wall Street (es decir, ellos mismos), en plena conexión.

La apuesta de los tres grupos de bonistas (el Ad Hoc, Exchange Bondholders y el Comité de Acreedores) era doble. Primero, demostrarle a Guzmán que era fallida su proyección de que los tres grupos no representaban más del 35% de los bonistas, y que la oferta oficial podría convencer al 50% de los acreedores. Esta idea fue expresada por funcionarios argentinos ante el banco intermediario Lazard, luego que hace 20 días los tres grupos hayan sorprendido mostrando su unión y presentando su -hasta aquí- última propuesta; con un comunicado oficial donde aseguraban que ostentaban a la mitad de todos los acreedores. Por esto, los resultados del viernes pasado para los bonistas fueron una demostración de plena de fortaleza en las negociaciones. La consideración es que ahora sí queda claro que sólo con el acuerdo con la alianza de los tres grupos de bonistas habrá pacto. Y que la negociación deberá ser con todos, ya que -otras de las cuestiones que quedó clara el viernes- el acuerdo entre los representantes de los bonistas es sólida e inquebrantable.

Dividir la cooperativa del Ad Hoc, Exchange y el Comité fue una de las estrategias desplegada por Guzmán y sus negociadores; evidentemente sin éxito. La coordinación entre el Ad Hoc y Exchange primero, a la que luego se sumó el Comité, funcionó siempre a la perfección, fruto del profesionalismo extremo (al menos para embestir contra Argentina) de Jennifer O’Neil, contratada por BlackRock y Dennis Hranitzky, de Exchange Bonholders.

El último intento de dividir la posición de los acreedores fue cuando en la primera semana de julio, desde Buenos Aires se anunció que el Comité de Acreedores, donde teóricamente militaba una gran parte de fondos de inversión friendly, estaban ya a punto de sumarse al canje. La respuesta del grupo fue anunciar que Greylock y Fintech ya no formaban parte de él, y que se unían a Ad Hoc y Exchange.

La fuente insiste en la prudencia. “No nos verá contestarle ni a Stiglitz ni a sus funcionarios. Nosotros queremos negociar y terminar este desagradable problema”, afirmaba la fuente que habló con este diario. Estaba haciendo referencia a las últimas declaraciones de Joseph Stiglitz que calificó como “recalcitrantes, miopes, testarudos y de corazón duro” a los grupos de acreedores que rechazan la oferta de Argentina. También a la afirmación de que la unión de los tres grupos de bonistas en un solo frente representaba una “cartelización”.

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