El Gobierno porteño firmará finalmente la semana que viene un convenio con Lotería Nacional para obtener beneficios de las apuestas en los 19 juegos que explota ese organismo en la ciudad de Buenos Aires. Aníbal Ibarra insiste en dar guerra al gobierno nacional por conseguir un botín de al menos $ 35 millones, que considera sustancial para las alicaídas arcas porteñas que ya incluyen default. El dinero es la cuota que pretende por las ganancias de los juegos de azar que Lotería Nacional explota en la Capital Federal, territorio de Ibarra. El frentista -que llegó a imponer la ley seca en el Hipódromo de Palermo e hizo desembarcar a un ejército de molestos inspectores municipales por su resentimiento ante la instalación allí de tragamonedaspide ahora una tregua y se dispone a fumar la pipa de la paz con la firma de un convenio con su enemigo, que muchos aseguran no podría ponerse en práctica en lo inmediato.
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El original de ese acuerdo, escrito hace dos años, el Gobierno de la Ciudad, acordó mantener la exclusividad de Lotería Nacional en la explotación y comercialización de los juegos de azar, destreza y apuestas mutuas por tres años. Luego Lotería cede 30% de la ganancia, «siempre que la suma a coparticipar no supere el importe de $ 70.000.000». Durante el segundo año el porcentaje sería de 40% y durante el tercero de 50%, hasta que el control y explotación de las apuestas quede en manos de la ciudad, quien luego suscribiría otros acuerdos con Lotería para permitirle comercializar sus productos en el distrito.
Ese documento, que está siendo analizado por Juan Carlos López, el procurador porteño, comprometería a Lotería Nacional a entregar una parte de las apuestas de los porteños. Incluye el mayor negocio del azar, que hoy es el Casino que flota en la ribera del río de la Plata y sus atractivas tragamonedas en las que sólo el año pasado se depositaron gran parte de los $ 700 millones que contabilizó la ruleta con sus accesorios.
•Recurso
Esa idea de una tregua, que Ibarra piensa suscribir en los próximos días, sin embargo es tomada como un documento más que no llegaría en lo inmediato a concretarse. Sucede que el paper obligaría a Lotería Nacional a rendirse ante la insistencia del gobierno porteño de que le ceda el absoluto control de la actividad lúdica. Con la misma esperanza que un apostador sueña cuando elige su número, tanto de uno y otro bando no agotan allí sus recursos. Ibarra quiere hacer valer la creación del Instituto del Juego, el organismo de la Capital Federal recientemente conformado que tiene -así se creefacultades de control extraordinarias sobre ruletas, billetes y tragamonedas. Pero Lotería ya presentó un recurso en contra de ese ministerio. Lo consideran anticonstitucional, lo mismo que la potestad que se arroja Ibarra, con la Constitución porteña en la mano, para controlarlos. López pedirá la recusación del juez de la causa o un recurso semejante, que seguirá dilatando esta guerra por el tiempo. Es que ya la Corte tiene para resolver una situación similar producto de otras causas judiciales que se iniciaron cuando Ibarra desalojó de los bingos de la Capital Federal máquinas tragamonedas autorizadas por Lotería, pero sin habilitación municipal para permanecer en las salas.
•Tema conflictivo
Así como el Casino es la principal fuente de ingresos de ilusiones porteñas, es el tema más conflictivo en la contienda. La ley de juego de la ciudad de Buenos Aires no los permite, excepto que su instalación sea propuesta por el jefe de Gobierno y se apruebe con mayoría especial en la Legislatura. No es una carta que quiera jugar Ibarra. De otra manera, legalmente, la ruleta flotante no contaría con el permiso de la Capital Federal para funcionar, pero existe un tema de jurisdicciones, que sostiene que el río es nacional, no porteño. Sin embargo Ibarra incluye el producido de esos juegos en su convenio, que tiene ya un precedente, cuando el frentista firmó -como volverá a hacerloese pacto y la Legislatura no lo homologó espantada por tomar dinero que proviniera del casino.
Ahora que Lotería dio la autorización para un nuevo barco que llegaría exclusivamente con máquinas tragamonedas (una especie de Satanás para la mayoría de los legisladores porteños), Ibarra apura el nuevo documento.
Esa situación, a la vez, generó una polémica en el flamante instituto del juego, cuyo directorio multipartidario, ve que si el jefe de Gobierno suscribe un acuerdo de ese tipo, poco le quedará por hacer al casi sin estrenar organismo.
Ayer durante una reunión entre los mentores del Instituto -un grupo de legisladores porteños-con el vicepresidente de la Legislatura, Cristian Caram, se presentaron las quejas. Caram tomó nota, pero al parecer no puede avanzar sobre la idea de Ibarra. Desde la procuración aseguraron en cambio que «ningún convenio ni transferencia podrá llevarse adelante si antes no se resuelve el conflicto judicial».
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