La AFIP renueva su compromiso en la lucha contra el trabajo infantil

Economía

A través de la articulación e intercambio con distintas dependencias del Estado, organismos internacionales y países de la región, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) renueva su compromiso en la profundización de la lucha contra el trabajo infantil.

El domingo 12 de junio se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Por ese motivo, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP organizó un encuentro para abordar estrategias de visibilización y acciones conjuntas con organismos y dependencias gubernamentales, organismos internacionales y representaciones locales y extranjeras. El encuentro estuvo encabezado por la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien estuvo acompañada por Carlos Castagneto, director general de Recursos de la Seguridad Social.

Participaron los embajadores del Estado Plurinacional de Bolivia, Jorge Ramito Tapia Saiz, y de Paraguay, Juan Ramón Cano Montania. También estuvieron presentes representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de Unicef Argentina, funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social, representaciones consulares y diplomáticas de Perú y de Chile, así como miembros del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), la Defensoría de la Niña, Niño y el Adolescente y la Dirección Nacional de Migraciones.

En la apertura del encuentro, Marcó del Pont rescató “la importancia del trabajo articulado y la integración no solo hacia adentro de la AFIP, sino también con otras dependencias oficiales, organismos y países vecinos”. En ese sentido, la funcionaria mencionó que “desde que llegamos a la AFIP no sólo estamos trabajando en mejorar la recaudación, sino también en vincular y asociar fenómenos como la informalidad en la registración y las relaciones del trabajo, con una mirada en el acceso a los derechos y la protección, entre los que se encuentra la niñez”.

Por su parte, Castagneto resaltó el trabajo que se está haciendo desde el organismo de manera coordinada con distintos sectores y dependencias en la lucha contra el trabajo ilegal y la explotación infantil. “Se transforman en hechos concretos en cada operativo que llevamos a cabo en todo el país”, sostuvo el titular de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

Los distintos aspectos que se abordaron en el encuentro, en el que intercambiaron ideas representantes de todos los sectores, fueron acerca de la necesidad de políticas activas y articuladas para afrontar la problemática, teniendo en cuenta que el trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que es física, mental, social o moralmente perjudicial para el niño, afecta su escolaridad y le impide jugar. También a lo largo de todo el intercambio se mencionó en reiteradas oportunidades el fuerte vínculo que existe entre la pobreza y el trabajo infantil, y que se trata de una problemática territorial, no concentrada en determinadas regiones.

El motivo del evento fue no sólo visibilizar la problemática, sino aunar fuerzas en el desarrollo de una política pública integral tendiente a la inclusión social y el reconocimiento de derechos de un grupo social que durante la pandemia vio acrecentada la situación de vulnerabilidad.

La importancia de unir diversos actores nacionales e internacionales tuvo por función generar una sinergia que ponga en evidencia la importancia del desarrollo de estrategias integrales a nivel regional tendientes a la reducción de asimetrías, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos.

En 2020 la AFIP creó un área especializada contra el Trabajo Ilegal, unidad funcional en cabeza de la cual se encuentra no sólo la lucha contra la explotación infantil, sino el trabajo migrante en condiciones irregulares y toda forma de explotación infantil. Desde esa área se organiza un esquema de trabajo federal, integral y coordinado con las Direcciones Regionales de la DGI que permitió no sólo la detección de casos de explotación infantil y laboral, sino el rescate e integración de las víctimas y sus familias en dispositivos estatales que permiten su contención.

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