Se aprobó ayer otro fallo que obliga al gobierno a restituir el 13%, pero esta vez para 540.000 jubilados y pensionados. El fallo se suma a otro conocido el martes y que beneficia a 250.000 empleados estatales. Si bien nadie pone en duda que los jubilados merecen recomponer sus haberes, sobre todo con niveles de inflación que ya acumulan 37,8% y que ha deteriorado su capacidad de consumo, la medida genera un grave problema al gobierno, que tenía planeada la devolución del dinero sólo a partir de enero próximo. Sin capacidad de financiamiento, y con un resultado fiscal que será deficitario, son muy pocas las posibilidades de hacer frente a este compromiso sin tener que apelar a la emisión, algo que perjudicaría a todos.
La Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social ordenó ayer al Poder Ejecutivo la devolución a los jubilados del 13% de sus haberes que les fueron descontados por dos normas que declaró inconstitucionales. El descuento venía siendo aplicado desde junio del año pasado, y afecta a unos 540.000 jubilados y pensionados. Pero en una resolución de unas treinta carillas, el tribunal declaró ayer la inconstitucionalidad de los artículos 10 y 14 de la Ley 25.453 y de la Ley 25.587 que dispusieron la medida. La Cámara de la Seguridad Social ordenó al Ejecutivo cumplir con el reintegro, que reconoce el derecho a todos los jubilados argentinos afectados por el descuento, al hacer lugar a una acción de amparo presentada por el defensor del pueblo Eduardo Mondino. Una instancia judicial de primera instancia había rechazado la demanda del ombudsman, al no reconocerle el derecho de representar a todos los ciudadanos del país, medida revocada ahora por la Cámara.
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Con el voto mayoritario de los camaristas Juan José Etala y Luis René Herrero, el Tribunal también «ordenó al Estado nacional que se abstenga de aplicar las disposiciones invalidadas» y que «restituya a los afectados las sumas indebidamente descontadas dentro del plazo de noventa días».
Al llegar el expediente al Tribunal de Alzada, tras una apelación de Mondino, el camarista Herrero afirmó que esa sentencia «debía ser revocada» correspondiendo «hacer lugar a la pretensión de amparo» ordenando al Estado que «se abstenga de aplicar en el futuro estas disposiciones» y que «restituya a los afectados las sumas debidamente descontadas».
En igual sentido se expresó el camarista Etala al adherir al voto de su colega, mientras que el tercer integrante del cuerpo (Emilio Lisandro Fernández) votó en disidencia al cuestionar la legitimación de Mondino.
En una medida similar, el juez laboral Horacio Benítez había ordenado el martes restablecer el 13% descontado en los salarios de unos 250.000 trabajadores estatales, basado en un reciente dictamen de la Corte Suprema que había dado la razón a la demanda de un empleado del Ministerio de Defensa.
El recorte fue aplicado en junio del año pasado por el entonces presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) en el marco de la política de «déficit cero» diseñada por su ministro de Economía, Domingo Cavallo. Duhalde mantuvo el descuento, pero el ministro de Economía, Roberto Lavagna, le propuso firmar un decreto por el cual el dinero se restituiría en los salarios a partir de enero de 2003, en tanto que la deuda originada desde el recorte se liquidaría con bonos de la deuda pública.
El jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, aseguró ayer que el presupuesto argentino para 2003 incluirá la restitución del 13% recortado, a partir de enero. En ambos casos, los fallos judiciales ponen en aprietos fiscales al gobierno del presidente Eduardo Duhalde, que tiene planeado recomponer sólo a partir de enero próximo los haberes de jubilados y estatales.
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