El fondo buitre NML levantó ayer una docena de demandas sobre la mayor parte de los bienes del Estado argentino que permanecían inhibidos por decisión de un juez de Maryland. Por lo tanto, ahora sólo existen dos inmuebles que continúan «congelados» por decisión judicial: se trata de un edificio de la Marina y otro del Ministerio de Defensa.
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En ambos casos, el fondo decidió no retirar sus presentaciones por entender que se trata de bienes que no se están aplicando con uso diplomático, sino que se les está dando uso comercial.
Efectivamente, en el caso del edificio de la Prefectura, donde vive el agregado naval, buena parte está siendo alquilada. Incluso, la planta baja es arrendada por el banco comercial Riggs con un local de atención al público. Lo mismo ocurre con unos galpones pertenecientes a Defensa que continúan inhibidos: en su momento fueron alquilados aunque ahora están desocupados.
• Protección
En cambio, otros inmuebles que tenían como destino la actividad diplomática ya contaban con protección por tratados internacionales, lo que fue reconocido por el fondo NML. El caso típico es el de las residencias del embajador argentino en Washington, José Octavio Bordón, y la del representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA). También otros edificios correspondientes a las Fuerzas Armadas y otras reparticiones estatales.
Este fondo buitre actuó así ante una solicitud que el juez neoyorquino Thomas Griesa había efectuado la semana pasada. En una audiencia planteó que era «improcedente» avanzar sobre determinados bienes del Estado, ya que éstos estaban protegidos debido a que se aplican a actividades diplomáticas. Además, el magistrado puso en tela de juicio que se hubiese efectuado la presentación en un tribunal distinto al de Nueva York.
Por otra parte, el Estado argentino efectuó ayer una presentación ante el juez Griesa para levantar la inhibición que afecta a dos cuentas del Correo Argentino radicadas en bancos comerciales en Nueva York (BNP Paribas y Lehman Brothers), por un monto cercano a los u$s 14 millones. Como la empresa se encuentra en proceso de quiebra y el Estado es el principal acreedor, la postura de quienes iniciaron la demanda es que se trata de fondos que pertenecen al Estado (por lo tanto, embargables) y no a una compañía privada. El viernes habrá una audiencia en la que participarán tres partes: el abogado Guillermo Gleizer (en representación del fondo buitre Macrotecnic), que solicitó -y consiguió- la inhibición, los representantes de la Argentina en Nueva York (es decir, el estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton) y el síndico del Correo.
Sin embargo, fuentes del Palacio de Hacienda explicaban ayer que probablemente no haya una resolución mañana, ya que el juez podría tomarse más tiempo para definir qué hará con el dinero de esta cuenta, una vez que escuche a todas las partes involucradas.
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