La fiscal general ante la Cámara Comercial, Alejandra Gils Garbó, apeló ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de la Cámara Comercial de homologar los acuerdos preventivos de Sociedad Comercial del Plata y la Compañía General de Combustibles (CGC) del grupo Soldati.
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En su presentación ante la Corte, Gils Garbó sostuvo que el acuerdo presentado por Sociedad Comercial del Plata era abusivo y fraudulento porque -entre otras cuestiones- se obstruyó la asistencia de obligacionistas a la asamblea donde se aprobó la propuesta y se avaló la exclusión de los bonistas extranjeros de la asamblea que aprobó el acuerdo, donde se decidió quitas de más de 80% de la deuda.
Gils Garbó denunció que en esa operación se le negó la participación en la asamblea a decenas de titulares de obligaciones negociables a los que se les exigió un certificado de bloqueo imposible de obtener en las plazas extranjeras. «De ese modo -explicó la fiscal- se logró que el capital verificado y computado con voto negativo fuera menor, ya que en la asamblea de obligacionistas sólo votan los presentes.»
Otra de las cuestiones sobre las que apuntó la fiscal está relacionada con la licuación del paquete accionario de Compañía General de Combustibles.
Gils Garbó sostiene que se pagaron 70 millones de pesos (unos u$s 23,3 millones) por algo que valía 900 millones de pesos. «Los acreedores de este concurso que tenían derechossobre un activo equivalentea 81% del paquete accionario de esa compañía de combustible ahora solamente tienen 19%. La operación se habría llevado adelante en medio del trámite del proceso de concurso», apuntó la fiscal.
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