Todavía con la firma de Roberto Lavagna, se conoció ayer el Decreto 1.464 que aprueba el acta-acuerdo alcanzada entre la unidad de renegociación de contratos y Distrocuyo, empresa de transporte eléctrico. El decreto se suma a los conocidos el viernes para Transener y Transba de la misma área de negocios eléctricos.
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En los tres casos se trata de un aumento del transporte eléctrico de 31% que tendrá una incidencia de menos de 1% en las tarifas de los usuarios finales. Como el acuerdo se vio demorado, en el decreto se considera como fecha de vigencia el pasado 1 de junio.
Pero, según indicaron en medios oficiales, el Ente Regulador Eléctrico (ENRE) pondrá la fecha de vigencia que probablemente sea el 1 de este mes. De todas formas, el dinero que las empresas no recaudaron entre el 1 de junio y la efectiva fecha de puesta en marcha, quedaría como una acreencia a favor de las transportistas que se consideraría en el momento de la revisión tarifaria integral. Lo mismo ocurrió a mediados de año con el acuerdo de Edelap, el único que hasta ahora se está aplicando.
La firma y publicación de los decretos luego de haber pasado por el Parlamento en agosto pasado buscaría aventar cualquier sospecha de que la salida de Lavagna pondrá un nuevo freno a la regularización de la situación de las privatizadas.
Los decretos tienen cierta debilidad legal porque los acuerdos no fueron tratados por la Cámara de Diputados, pero quedaron virtualmente aprobados al trascurrir más de 60 días de su ingreso en la sede legislativa, tal como lo indica la ley que prórroga la Ley de Emergencia Pública.
Probablemente para prevenir alguna recusación en la Justicia, en los considerandos se recuerda que el acuerdo con Distrocuyo obtuvo dictamen favorable de la mayoría de los legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento, y que fue aprobado por el Senado el 10 de agosto, aunque el trámite en Diputados no llegó a definir posición. • Especulación
Se cree que si alguien llega a la Justicia objetando la llamada «sanción ficta», el Ejecutivo buscará seguir aplicando los incrementos mientras se cumplen todas las instancias. Por otra parte, considerando los tiempos de la Justicia, en el gobierno se especula que cuando haya intervención de la Corte, probablemente la cuestión ya habrá devenido abstracta. Se espera eso porque se cree que antes de llegar al máximo tribunal, estará la revisión tarifaria integral y se insistiría para que en ese caso, el Parlamento se expida explícitamente.
Están pendientes también de decreto los aumentos de 15% en los peajes de Grupo Concesionario del Oeste y de Autopistas del Sol. Pero es posible que esos ajustes se sigan demorando por tener más impacto en la inflación y sobre todo en la sensación del público con respecto a los precios.
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