El Congreso tiene la ilusión de poder tratar antes de fin de año la modificación al marco regulatorio de servicios públicos, proyecto que el gobierno envió al Congreso, pero que debe ser integralmente modificado para tener algún nivel de aceptación, incluso por parte del propio Roberto Lavagna.
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De acercarse posiciones -los bandos en disputa son el peronismo de Diputados, el radicalismo y el propio gobierno, que envió la iniciativa sin el visto bueno del Ministerio de Economía-, ese proyecto se sumaría a un paquete de fin de año integrado por casi una decena de leyes pedidas por el gobierno y centenares de proyectos propios que los diputados y senadores quieren votar dentro de las tres sesiones que quedan de aquí a fin de año. Determinar sobre el marco con que se regirán las relaciones entre el gobierno, los usuarios y las empresas de servicios públicos será la batalla más fuerte por dirimir entre diciembre y el mes de marzo.
Esta semana comenzarán sancionando en Diputados el marco regulatorio para el gas licuado de petróleo. La intención del gobierno es que se termine de sancionar el paquete antievasión II, del que existen hasta ahora dos proyectos votados. Fuera de las pretensiones del gobierno, pero sí dentro de las de algunos diputados, navega ahora desde el Senado hacia Diputados el proyecto de distribución de la Cuota Hilton, cupo especial de cortes enfriados que la Unión Europea les otorga a las exportaciones argentinas. Lavagna, de todas formas, ya le prometió a un grupo de diputados santafesinos que el gobierno enviará al Congreso otra iniciativa con criterios distintos de los fijados por el Senado. Quiere, ahora, después de haber firmado un decreto contrario, que 75% de esa cuota se distribuya entre los frigoríficos atendiendo la pastperformance de esas empresas y el resto de acuerdo con criterios de equilibrio regional.
• Menos IVA
El proyecto de reglamentación del uso del gas licuado de petróleo contempla una disminución de 50% del IVA en la comercialización de las garrafas y la fijación de precios testigo. Por presiones y lobbies fue una de las leyes más complicadas de tratamiento y, aunque tiene aprobada una preferencia para ser tratada esta semana en la Cámara baja, contará con modificaciones y deberá volver al Senado.
La intención de este marco regulatorio es fijar un margen de precios para los tubos de GLP que se utilizan en domicilios que no están dentro de la red nacional de gas natural y, de aprobarse este proyecto, las garrafas de 45 kilos pasarían a costar a lo sumo $ 20.
Fuera de esa complicación, el justicialismo buscará en la anteúltima sesión del año de Diputados el proyecto de ley que reglamenta el uso y control de los decretos de necesidad y urgencia, en el que se establece que mantendrán su validez mientras no exista un rechazo de ambas cámaras del Congreso. La semana pasada, Eduardo Camaño ratificó: «Si el bloque peronista dijo que quería votar la comisión de DNU y dice que tiene un proyecto, entonces yo voy a hacer que se vote en diciembre». La cuestión, de todas formas, no es tan simple para reglamentar este procedimiento que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994. El oficialismo sostendrá la posición de que no existe sanción ni rechazo de hecho o «ficto», lo que habilita al gobierno a poder seguir aplicando ese decreto mientras las dos cámaras del Congreso no hayan procedido a la derogación de esas normas. Esa posición no es sostenida por la oposición, pero garantiza que el sistema de control se convierta en algo inocuo para el gobierno.
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