Apuran opción de retorno a la jubilación estatal

Tras reunirse con el presidente Néstor Kirchner ayer el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, convocó varias veces al secretario de Seguridad Social, Alfredo Conte Grand, a su despacho para interiorizarlo de los retoques que el primer mandatario quiere encarar en la jubilación privada. Porque la reforma previsional en sí, como lo establece el acuerdo con el FMI, recién llegará al Congreso en marzo del año próximo para que esté implementada en setiembre.

El gobierno planea anunciar básicamente el restablecimiento de la opción previsional, es decir que los afiliados a las AFJP puedan volver al régimen estatal de reparto. A esto se agregará una normativa (originalmente iba a ser una resolución de la Superintendencia de AFJP pero ahora se habla de un decreto) más estricta sobre el manejo de las inversiones de las AFJP (ver nota aparte).

No extraña que el Presidente, luego de convencerse de que no hay ahora demasiado margen (ni político ni social) para encarar una reforma previsional, sea fiel a su plataforma electoral y por lo menos cumpla con la reapertura de la puerta de la jubilación estatal para los afiliados de las AFJP.

Mientras, en forma paralela, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, continúa hostigando a las AFJP para que se allanen a la propuesta de reestructuración de la deuda. A la vez que, bajo la amenaza de nuevos cambios normativos, el gobierno se asegure un flujo de financiamiento para los próximos años de la mano de los ahorros que vayan hacia las AFJP.

•Aval parlamentario

Si bien el gobierno tiene la opción de instrumentar la posibilidad de volver al reparto por medio de un decreto de necesidad y urgencia, la existencia de un proyecto que ya tiene media sanción de Diputados y cuenta con dictamen aprobado de la Comisión de Previsión Social del Senado avalaría el camino de una ley.

El problema, como advirtieron ya varios funcionarios del gobierno, es que el texto del proyecto aprobado por la Cámara baja contiene muchos errores técnicos. Por ejemplo, el establecimiento de períodos de 24 meses para ir y volver de un régimen jubilatorio a otro, pero sin contemplar las implicancias de este tráfico de afiliados, tanto en términos de los beneficios a los que tendrán derecho en el sistema estatal como de los costos.

Ya los técnicos oficiales habrían analizado que, corrigiendo la redacción del texto aprobado en Diputados (de modo de salvar dichos errores técnicos), el gobierno podría enviar un nuevo proyecto fiel al espíritu del original que no tendría inconvenientes en ser sancionado por el Congreso.

Por su parte las AFJP, que ayer mantuvieron sus reuniones de rutina en la unión que nuclea a quienes operan la jubilación privada, monitorearon el devenir de los últimos acontecimientos sin asumir ninguna nueva posición consensuada.

Las AFJP parecen, sí, ya descontar que pueden enfrentar un drenaje de afiliados en cuanto se apruebe la vuelta al reparto. Pero temen más a represalias sobre otros aspectos del negocio previsional, como la intervención en la fijación de las comisiones, la centralización de la administración del seguro de vida e invalidez que contratan para los afiliados, y manoseos sobre el menú de inversiones.