Apuran renegociación con privatizadas de luz y gas

El gobierno está decidido a renegociar antes del 30 de junio los contratos de las privatizadas que se dedican a transporte y distribución de gas. Este proceso se da en medio de nuevas reglas de juego para el precio del gas que perciben las petroleras, y para la energía mayorista que aportan las generadoras.

Estas negociaciones, en las que el ministro Julio De Vido en persona está apurando a las empresas para que presenten información, se dan en el contexto de la crisis energética y de los interrogantes sobre lo que ocurrirá en el invierno, lo que tensa más las posiciones.

El gobierno ya firmó con las petroleras un acuerdo para liberar los precios del gas que consume la industria y del GNC al 31 de julio del año próximo. Esos consumidores equivalen a 77% de la demanda. El 23% restante, que corresponde a domicilios y pequeños comercios, irá subiendo gradualmente y quedará también liberado en diciembre de 2006.

Ese convenio -que todavía debe debatirse en audiencia pública y podría ser motivo de acciones judiciales-cambia en parte las reglas de juego para transportistas y distribuidoras de gas. Porque la industria y las estaciones de GNC deberán comprar directamente el gas a las petroleras. Es decir, las distribuidoras pierden parte del negocio.

El gobierno lanzó, además, un fondo fiduciario por $ 3.000 millones para gasoductos y redes de gas, que implica que la expansión del negocio quedará afuera de las privatizadas.

Estas operarán y mantendrán las nuevas obras, pero ingresarán en su patrimonio recién cuando estén repagadas.

Esto implica un cambio en las condiciones contractuales, explicado porque las privatizadas tienen hoy un nivel de endeudamiento que en la mayoría de los casos las llevó al default y que les impediría salir a buscar financiamiento para nuevas inversiones.

En el caso de la energía eléctrica, la situación es más complicada, porque el acuerdo con las generadoras recién se empezó a negociar en los últimos días. Implica un cambio para generadoras y distribuidoras, porque también la industria debería pactar directamente la compra de energía, con lo cual las distribuidoras se quedarán con un negocio mucho menor.

Se afirma que habría, además, un cambio sustancial en el mercado mayorista eléctrico: el precio de la energía ya no sería más el que resulta de la última máquina que entra en el sistema (precio marginal, el de la máquina menos eficiente que se necesita para operar), sino que resultaría igual a costos más un plus por rentabilidad.

Habría, además, cierto criterio dentro del gobierno de que las generadoras de menores costos, como las hidroeléctricas, sean las que provean a las distribuidoras, cuyos clientes terminarían siendo en su mayoría residenciales, para los cuales los ajustes serán acotados y repartidos en el tiempo.

• Proyecto

Por afuera de todo esto, el gobierno enviaría al Congreso el proyecto para una nueva ley de marco regulatorio para todos los servicios públicos, cuyas cláusulas incidirán sobre todos los contratos.

En esta situación, las presiones se multiplican. En apariencia, el gobierno quiere cerrar la renegociación de los contratos no sólo para cumplir con lo acordado con el FMI.

Pretendería que haya un esquema cerrado sobre precios, tarifas e inversiones para el gas y electricidad, antes de que llegue el momento más crítico del invierno, que suele darse entre julio y agosto, por las bajas temperaturas.

Pero para algunas de las privatizadas, parece que no cae bien negociar antes de que esté claro qué ocurrirá con el gas y la energía (los productos que ellas transportan y distribuyen) y que esté listo el marco regulatorio general.

Los contratos, una vez que se renegocien con el gobierno, deben pasar por audiencia pública, luego por las instancias de control del Ejecutivo y, finalmente, ser aprobados por el Congreso.