Bonistas piden a Argentina acuerdo rápido con FMI: miedo por la cotización de sus bonos

La directora del FMI, Kristalina Georgieva.

Los tres grupos que representan a los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional, están cumpliendo con su palabra. Ingresan sin pausa a la aceptación de la propuesta del gobierno argentino, y lo hacen sin emitir declaraciones ni públicas ni privadas con analistas o medios de comunicación. Tampoco operan en el mercado de acciones y bonos; salvo movimientos autorizados para rearmar posiciones dentro de los propios títulos públicos a reestructurar. Sin embargo, y de manera directa, le están enviando un mensaje al ministerio de Economía de Martín Guzmán: Argentina debe cerrar rápidamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y desde Buenos Aires la intención es otra. Los tiempos de un acuerdo los marcará el ministro, con la misma velocidad que impuso con los acreedores privados. Esto es, a largo plazo, parando la pelota en la mitad del campo y esperando la oportunidad para atacar.

El motivo del reclamo de los bonistas por un acuerdo rápido, exclusivamente financiero; fue transmitido a las tres entidades que intervienen en la operación: el negociador Lazard y los colocadores Bank of America y el HSBC. Los nuevos bonos que serán emitidos el próximo 4 de septiembre, y que deberían navegar durante un tiempo prudencial en el Valor Presente Neto (VPN) negociado a 54,8 dólares; podrían comenzar a sufrir en su cotización si en lo que resta del año el gobierno se demora en las negociaciones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Y, como la intención real de muchos de los grandes fondos de inversión es sostener en las carteras estos nuevos papeles por un tiempo importante; beneficiándose de posibles (y en cierto punto reales) revalorizaciones del próximo amplio menú de la deuda argentina. Lo último que quieren los fondos ante este panorama, es acelerar ventas y contabilizar en sus auditorías internas pérdidas de casi el 45% en el capítulo argentino.

La intención es esperar, y recuperar posiciones. Y aguardar a que la pandemia mundial termine para tomar decisiones más estratégicas de corto plazo; y sostener la deuda hasta lo más cerca posible de 2019, para poder cobrar el “anabólico” del bono emitido para los que aceptan la oferta con el cupón de agradecimiento por la confianza. O, al menos, el máximo tiempo posible para que la aceptación del VPN muestre ante los clientes que fue un buen negocio ante la posible revalorización de la deuda argentina en el corto y mediano plazo. Y demostrar así que fue una buena estrategia aceptar el nuevo mix y no insistir mayor firmeza por los bonos sobre PBI o exportaciones como “anabólicos”. Si bien no se hacen especulaciones, si el país cerrara un acuerdo con el FMI y comenzara a crecer; los bonos se revalorizarían y los fondos que aceptaron la oferta habrían logrado, además, grandes diferencias con el incremento en la cotización.

Por el contrario, especulan con que si la Argentina no acelerara la negociación con el organismo financiero internacional, y si extendiera la discusión en el tiempo más allá del 2020; el mercado comenzaría a dudar de la posibilidad del acuerdo y en la “sustentabilidad” de la deuda; según el propio concepto de Guzmán. Si además la economía local no diera pruebas de recuperación real hacia el último semestre, y el gobierno continuara con problemas en la política cambiaria; los fondos creen que podría continuar el panorama actual del mercado de capitales argentinos, donde aún no se pudo capitalizar el cierre del acuerdo con los acreedores.

Para Guzmán y el resto del gobierno, estas preocupaciones de los fondos de inversión forman parte del mundo financiero, y poco tienen que ver con las reales metas económicas que necesita el país. Para Hacienda, las negociaciones/debates/discusiones con el FMI, llevarán tiempo. Bastante tiempo. Si bien aún no comenzó el dialogo formal; se sabe que, más allá de las declaraciones bilaterales empáticas, lo que espera cada uno de los dos bandos es diametralmente opuesto. Puesto en conceptos reales, Argentina no quiere compromisos fiscales, laborales, monetarios o previsionales impuestos desde Washington, así como un nuevo y más flexible esquema de pagos que hoy no figuran en los contratos habituales negociados con el Fondo. El FMI, por el contrario, exigirá metas fiscales, impositivas e inflacionarias concretas, misiones periódicas y que los plazos y tasas del próximo plan de pagos sea uno de los habituales impuestos en los sólo dos tipos de contratos vigentes: un Stand By (extensión del que está firmado hoy) o el del Facilidades Extendidas.