Se prevé que el incremento se aplique desde el 1 de mayo para la Ciudad y los partidos del GBA que tienen como proveedor del servicio a Aysa.
El Gobierno propone un incremento tarifario del 23 por ciento, a partir del 1 de mayo, para el servicio de agua potable que brinda la empresa Aguas y Saneamiento Ambiental (Aysa), como parte de una revisión integral que incluye avanzar en un nuevo esquema de facturación para el cobro por nivel de consumo y no por metro cuadrado.
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Este jueves iba a realizar una audiencia pública pero el Pablo Bereciartúa, subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, dictó un cuarto intermedio hasta este viernes a las 10 con motivo del paro nacional dispuesto por la CGT.
La audiencia se iba a realizar en el Teatro de la Ribera del barrio porteño de La Boca, para la cual se recibió la inscripción de 40 oradores y de otras cien para presenciar las exposiciones.
En el encuentro, se iba a analizar un incremento tarifario de 23% a partir del 1 de mayo para el servicio de agua potable que brinda la empresa AYSA, como parte de una revisión integral que incluye avanzar en un nuevo esquema de facturación para el cobro por nivel de consumo y no por metro cuadrado.
En esta ocasión se discutirá el incremento en el servicio de agua potable que brinda la empresa Aysa en la Ciudad y partidos del Gran Buenos Aires, para el cual el Gobierno anticipó que propondrá un aumento del 23 por ciento, luego de una actualización tarifaria promedio del 297%, con un máximo de 375%.
La empresa consideró que con la propuesta a presentar "se alcanzaría en 2017 a cubrir casi la totalidad de los gastos operativos" haciendo la salvedad que la incorpora como condición que "el Estado Nacional hace frente al beneficio concedido a los usuarios por la aplicación del Programa de Tarifa Social hoy vigente".
El año pasado, la empresa recibió unos 8.000 millones de pesos del Estado en subsidios y con el incremento tarifario logró equilibrar costos operativos sobre el área concesionada, aunque no pudo cubrir inversión y mantenimiento. La necesidad de subsidios se redujo este año a 2.300 millones que la empresa destina a cubrir la tarifa social y al costo operativo de ocho nuevas áreas.
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