Auditoría investiga los fondos para obra pública

Oscar Lamberto

La Auditoría General de la Nación ya tenía en análisis todos los fondos fiduciarios antes de que el gobierno dispusiera por decreto de necesidad y urgencia modificar su destino, dándoles poderes a Roberto Lavagna y a Julio De Vido para manejarlos y redirigirlos a obras públicas sin rendir cuentas, como informó ayer Ambito Financiero. Ayer esto fue confirmado por funcionarios del Ministerio de Economía.

La Auditoría había consensuado, por pedido de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, incorporar los fondos fiduciarios al Plan de Trabajo 2004. La necesidad de un rápido análisis de esos fideicomisos surgió cuando los diputados, senadores y auditores verificaron un dato del presupuesto: el crecimiento inusitado del flujo de ingresos de los fiduciarios.

Fuentes de la Auditoría confirmaron que llamó poderosamente la atención que, sólo en 2004, los fiduciarios incluidos en el Decreto 906 -es decir, los que deben invertir sus fondos donde lo indique el Consejo Consultivo que manejan ambos ministros-recibieran $ 3.500 millones, sin contar los activos que ya posee cada uno.

Por esa dimensión, la Comisión Revisora y la Auditoría decidieron no dejar pasar un año más sin analizar la situación. El hecho es que el Poder Ejecutivo, obviamente, tomó cuenta de la misma situación y antes decidió redireccionar esos fondos disponibles -que sumando los activos físicos y recupero de deudas llegan a los $ 20.000 millones en total-para los planes de obras públicas que lance el gobierno.

El crecimiento de los fiduciarios no es un secreto, ni responde a recuperos de préstamos que hayan realizado. La razón es mucho mas simple: por ejemplo, dos de los fondos destinados a fomentar infraestructura provincial, vial e hídrica, se alimentan con un porcentaje del precio del gasoil. Al pasar éste de $ 0,40 a $ 1,40 por litro en promedio, desde la devaluación a la fecha, los ingresos de esos fondos se triplicaron.

«Los fondos fiduciarios están dentro del plan de auditoría de 2004 y ya se están auditando, especialmente los que funcionan en el área del Banco Nación y el BICE. El plan se hace por propuesta de la AGN y luego se acuerda con la Mixta Revisora de Cuentas, donde se sacan o agregan temas. Hay un marcado interés tanto de la Auditoría como de la Comisión del Congreso en auditar estos fondos que cada vez son mayores», confirmaron ayer en la AGN.

En el Congreso la preocupación no es menor. Desde que comenzaron a crearse fondos fiduciarios sin limitaciones, a partir de la Ley 24.441, durante el gobierno de Carlos Menem, toda actividad, obra o promoción que no contaba con fondos suficientes o exigía una administración específica, fuera del ámbito del Prepuesto Nacional, fue encomendada a un fondo fiduciario creado a ese efecto.

Surgieron así decenas de fideicomisos, algunos puramente estatales, otros mixtos, que después de largos debates sobre su control terminaron incorporándose al Presupuesto Nacional, como forma de quedar atrapados dentro de las limitaciones de la Ley de Administración Financiera del Estado. Cada uno de esos fondos tiene un consejo de administración, con funcionarios, empleados y flujo de fondos propios: «Son como las nuevas empresas del Estado», explicaba ayer el peronista santafesino Oscar Lamberto, presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. «Un día nos vamos a encontrar que tenemos un Estado paralelo alrededor de esos fiduciarios. Cuando se reconozca toda esta estructura, se va a mostrar que el Estado creció por afuera de la estructura formal, sin que muchos lo supieran», explicó, y ratificó que ese cuerpo había pedido a la Auditoría que interviniera para analizar la situación y uso de los fiduciarios.