Ayer, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, dispuso la transferencia de $ 121,7 millones al Banco Nación para sanear la situación de casi 8.000 deudores hipotecarios privados, con riesgo de remate.
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Según la Resolución 470 publicada en el Boletín Oficial, ayer el Ministerio de Economía resolvió que el Fondo para la Reconstrucción de Empresas transfiriera al Banco Nación recursos para integrar parcialmente el patrimonio del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria. De esta forma, el Banco Nación quedó habilitado para empezar a pagar a los acreedores la deuda vencida de los deudores privados adheridos al plan oficial de reestructuración.
La resolución precisó, además, que se girarán en total $ 200 millones hasta fin de año como aporte al patrimonio del fideicomiso, que se destinará a atender a los acreedores hipotecarios bancarios. En esos casos se entregaron bonos (60% de corto y 40% de largo plazo) que comienzan a liquidarse.
El fideicomiso del Nación fue creado en diciembre de 2003 para atender la situación de los deudores que habían hipotecado su vivienda única en estudios de abogados o escribanías y que no estaban amparados por el régimen de compensaciones que se aplicó para cubrir el desfase cambiario de los bancos. El ministro Roberto Lavagna explicó que ahora «los acreedores ejercen su derecho a cobrar y los deudores continúan pagando sus deudas, pero refinanciadas a un plazo mucho más largo».
Aunque la medida fue anunciada con entusiasmo por los funcionarios de Economía, la presidenta de la Asociación de Deudores Argentinos (ADA), Hilda Gumprich, dijo que «hasta ahora la gente ya abonó ocho cuotas y el Banco Nación todavía no les pagó a los acreedores, así que si había alguno que no iba a hacer problemas, cuando vio que no cobraba retomó las acciones legales».
La resolución de Economía da vía libre al Nación para que empiece a abonar ese dinero a los acreedores cuyos deudores se sumaron al programa de refinanciación,y delega en la Secretaría de Coordinación Técnica la responsabilidad de girar los fondos restantes hasta fin de año. De todos modos, Gumprich aclaró que los deudores continuarán reclamando un decreto presidencial que frene los desalojos, y advirtió que «de los ocho mil deudores que están en el fideicomiso, 4.500 ya recibieron órdenes de desalojo.
Según las cifras de ADA, existen en el país 1.600.000 deudores privados hipotecarios de vivienda única, de los cuales 60% siguió pagando sus cuotas después de la devaluación (pesificadas uno a uno), pese a que muchos de los acreedores insistieron en reclamar los dólares que habían prestado.
La situación se agravó en los casos en que la Justicia emitió fallos siguiendo la doctrina del «esfuerzo compartido», que establece una pesificación intermedia entre el uno a uno de los bancos y el dólar libre que reclaman los acreedores.
«El deudor privado pagó por anticipado el riesgo con tasas de interés altísimas. Lo que le pedimos al gobierno es que de la misma manera que se compensó a los bancos con 27 mil millones de pesos, se compense a los acreedores privados por la diferencia entre el uno a uno y el esfuerzo compartido», concluyó Gumprich.
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