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"Si bien venimos a la Audiencia sin el acuerdo firmado hemos dicho que prácticamente está convenido y hemos venido a mostrarlo para dar lugar a las observaciones del resto, con el fin de favorecer la participación ciudadana", precisó el representate de la Uniren, Carlos Iturriza.
En esa línea, el representante de la empresa, Jorge Niemetz, señaló que "en las últimas semanas hubo avances importantes y estimamos que esta próxima la posibilidad de llegar a un acuerdo con la UNIREN".
La audiencia que presidió el titular de la UNIREN, Gustavo Simeonoff, se desarrolló en un clima calmo que permitió a los expositores expresarse con comodidad ante unos 150 asistentes.
Iturriza admitió que aún subsisten diferencias, entre ellas el porcentaje de aumento de la tarifa, ya que el Gobierno ofreció 18 por ciento y la empresa pide 33 por ciento "probablemente se llegaría a un 25 por ciento", indicó.
Recordó que por la emergencia económica "a estas empresas se les pesificó la tarifa, practicamente sus ingresos se dividieron por tres, como a todos los argentinos, pero el Estado argentino necesita que los servicios públicos se sigan prestando con un criterio de calidad y seguridad".
Entre los acuerdos alcanzados, agregó, "acordamos aspectos no menores" como "abandonar la pretensión de volver a las condiciones originales del contrato, la de guardar un período de transición donde algunas variables tendrán validez acotada".
También se concensuó "la no revisión de las tarifas del período de transición; la revisión integral de tarifa -no extraordinaria y transitoria- en un año con pautas acordadas", así como "mantener niveles de calidad y de inversión en los sistemas".
El acuerdo prevé una revisión tarifaria integral, analizar los costos hacer una auditoría de los activos para calcular sobre éstos una tasa de rentabilidad del capital. "Esto es una parte muy importante de la tarifa y es lo que genera diferencias".
Por su parte, Niemetz reclamó un "escenario previsible" e informó que la empresa invertirá más de 40 millones de pesos durante el primer año, para ejecutar 15 proyectos de infraestructura de suministro, que permitirán el acceso al gas natural por redes a 50.000 familias de bajos recursos. Gas Natural propuso una tarifa social para clientes residenciales con necesidades básicas insatisfechas que debería instrumentarse a través de la creación de un padrón.
Pidió aumento de tarifas para los Residenciales de las categorías R2 (consumos de entre 500 y 1.000m3 por año), y los R3 (los de más de 1.000 m3 anuales) y mantener sin aumento a los de menores ingresos y menor consumo de la categoría R1.
Esta medida permitiría descomprimir el mayor peso del ajuste que recae ahora sobre el sector industrial. El reclamo de la industria estuvo a cargo de Jorge Facciuto, por la Asociación de Consumidores Industriales de Gas (ACIGRA), y Alberto Calsiano del departamento de Energía de la UIA.
Ambos pidieron que "que no se discrimine a la industria con el peso de los aumentos", y se lo redistribuya entre otros sectores con capacidad de pago, que hoy están eximidos.
El gerente de ADIGAS, Carlos Alfaro, reclamó "sustentabilidad para abastecer el actual y futuro incremento de la demanda" para lo cual consideró "necesario contar con un marco de certeza legal y de previsibilidad, tarifas justas y razonables, para acompañar el crecimiento industrial y económico" del país.
Por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Angel Porfiri, insistió -como en otras audiencias- que la Carta Entendimiento "tiene indefiniciones, sobre aspectos fundamentales".
El representante de DEUCO, Pedro Bussetti, rechazó cualquier acuerdo, y dijo que el informe de la UNIREN no incluyó una deuda de la empresa con la AFIP de 192 millones de pesos, por impuestos de Ganancias mal liquidados, y expresó su temor "por un posible arreglo que le permita trasladarla al usuario por factura".
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