La Cámara de Diputados se disponía anoche a aprobar y devolver al Senado la ley de creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), la firma de energía con mayoría estatal que impulsa la Casa Rosada.
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Después de tironeos entre la oposición y el duhaldismo, por un lado, y Julio De Vido con los kirchneristas por el otro, se acordó con el gobierno de Néstor Kirchner introducir modificaciones a la iniciativa que venía en revisión de la Cámara alta, con la intención de dejar expresamente establecido un mecanismo de control, a través de someter a la empresa a los alcances de la Ley de Administración Financiera del Estado y, al mismo tiempo, obligarla a cumplir con los límites de la Ley de Hidrocarburos.
La sanción definitiva -y por lo tanto la puesta en marcha de esta sociedad anónima-quedará demorada, por lo menos, una o dos semanas más.
De acuerdo con el proyecto original, la empresa podrá llevar a cabo el estudio, explotación, exploración, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos y generar, transportar, distribuir y comercializar energía eléctrica.
Según los retoques a la iniciativa que incorporaron los diputados, las actividades de ENARSA serán supervisadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General, algo que venían reclamando desde la oposición y desde el mismo peronismo.
Asimismo, los procesos de asociación se harán en el marco de la transparencia y la competencia, según el régimende hidrocarburos, tal cual se agregó en el articulado. Por último, se garantizará taxativamente que el Estado nacional mantendrá siempre la mayoría accionaria.
• Expositores
En nombre de la bancada oficialista, expusieron en el recinto el titular de la Comisión de Energía, Jesús Blanco; y la bonaerense Marina Cassese, responsable de explicar el mecanismo de control que tendrá ENARSA; más el chubutense Roddy Ingram y el sanjuanino Juan Carlos Gioja.
«Tenemos que tomar conciencia de que el pueblo y el Estado necesitan recuperar el protagonismo en materia energética y ENARSA es un desafío a toda la actividad económica del país, en especial al sector industrial y los otros actores privados del sector energético», concluyó el peronista Ingram.
El radicalismo, que suscribió el dictamen de mayoría en disidencia total, adelantó, por boca del chaqueño Víctor Zimmermann: «Compartimos, desde el punto de vista estratégico, que en la cuestión de recursos no renovables ( petróleo, gas, etcétera) el Estado tiene que ponerse al frente con la explotación y exploración, pero desconfiamos porque puede darse una privatización encubierta, al ceder 35% al sector privado». Alberto Natale (PDP-Santa Fe) sostuvo que «el proyecto contraviene con toda claridad la legislación vigente en cuanto implica una manifiesta contradicción con los principios antimonopólicos establecidos en las normas que regulan la prestación de servicios vinculados con la energía eléctrica y el gas natural».
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