Esta semana la Cámara de Diputados podría salir brevementede su letargo para sancionar el único proyecto que el gobierno reclama hoy con insistencia: la modificación a la Ley contra el Lavado de Dinero que introduce el levantamiento del secreto bancario y bursátil ante una investigación oficial, pero sin autorización judicial.
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El peronismo terminó la semana pasada de pulir las diferencias que existían dentro de las comisiones de Legislación Penal y Finanzas, sobre todo en torno de eximir a la AFIP de la obligación de levantar el secreto fiscal ante el requerimiento de la Unidad de Información Financiera -organismo local encargado de monitorear supuestas operaciones sospechadas de lavado que depende el Ministerio de Justicia-, tal como quedó plasmado en el dictamen de Comisión emitido hace casi 15 días.
Esa excepción fue tramitada personalmente por Alberto Abad ante los diputados, que terminaron habilitando el levantamiento del secreto fiscal sólo cuando la investigación o denuncia parta de la propia AFIP o ante el requerimiento de un juez.
Esta diferencia marcó la oposición del radicalismo al proyectoque pretendía consagrar el levantamiento pleno del secreto fiscal, bancario y bursátil ante cualquier requerimiento de la UIF. La diferencia hizo que el peronismo no tuviera los dos tercios de los votos la semana pasada para someter el tema a votación -de hecho tendría que haber sido en sesión especial, ya que la semana pasada reinó el silencio en el Congreso por el feriado del 25 de mayo. Pero desde el miércoles el PJ podrá cumplir con el pedido del gobierno sin necesitar la ayuda de la oposición.
La reforma a la ley de lavado de dinero comprende también modificaciones al Código Penal, sobre todo en lo que hace a la figura de financiamiento al terrorismo. Pero en el Congreso al no existir acuerdo sobre este último punto, se concentraron en los cambios más urgentes reclamados por el Grupo de Acción Financiera Internacional como condición al país, para no ser expulsado de ese núcleo internacional donde se combate el lavado de dinero y terrorismo. Frente a la necesidad de cumplir antes del próximo 25 de junio -fecha de la próxima reunión del GAFI en París- el Congreso sólo terminó definiendo las condiciones para el levantamiento del secreto bancario y bursátil, ahora, sin intervención de un juez.
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