El último informe del economista Miguel Bein alerta sobre "las inconsistencias entre la posibilidad de bajar la inflación a la meta del 20/25% y en paralelo lograr un ahorro fiscal de 1% del PBI", particularmente por las decisiones del gobierno que significarán una baja de ingresos.
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En tal sentido, el trabajo hace referencia a medidas ya tomadas o anunciadas de corrección de la alta presión impositiva, como la reducción de los derechos de exportación, percepción de ganancias, devolución de IVA a jubilados y planes sociales e impuestos a las ganancias de la cuarta categoría. También hace mención de las mayores transferencias automáticas a provincias (por la definición de la Corte en los casos de Santa Fe, Córdoba y San Luis, y por decisión propia en el caso de la CABA). De esta forma, se calcula que la recaudación de la Nación difícilmente crezca muy por encima del 25% anual, frente a un PIB nominal creciendo en la zona del 31%.
Bein considera que "para reducir el desequilibrio base caja se requeriría que el gasto creciera a un ritmo inferior al de los ingresos, algo que no luce consistente teniendo en cuenta en principio los primeros anuncios, como la extensión de la AUH a los monotributistas, la indexación normativa de las jubilaciones y planes sociales que representan 36% del Gasto y cuyo primer escalón en marzo es de 15% semestral".
Por su parte, los gastos de capital (10% del gasto), planteados como el principal dinamizador de la actividad económica en el corto (vía amortiguación del impacto sobre el empleo y la actividad) y mediano plazo (vía mejoras en la productividad), "difícilmente bajen en términos reales este año", particularmente si se logra abrir la cuenta capital y acceder al financiamiento de organismos internacionales.
Los salarios (que representan el 13% del total) dependerán de las paritarias y de los recortes en la nómina de personal, mientras que las transferencias corrientes discrecionales a provincias (2% del total) "difícilmente crezcan por debajo de la nominalidad de la economía teniendo en cuenta las necesidades crecientes de fondos, sobre todo de la provincia de Buenos Aires".
De esta forma, se concluye que "todas las expectativas están puestas en la necesaria reducción y readecuación de los subsidios a electricidad, gas y transporte, donde el primer paso ya fue dado en el caso de la energía eléctrica luego de la fortísima actualización de los cuadros tarifarios anunciada a fines de enero".
En un primer ejercicio, el Estudio Bein estima que los aumentos previstos en tarifas de servicios públicos resultan consistentes con un impacto directo sobre el índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires de 8,8 puntos porcentuales. Con todo, advierte que dada la falta de precisiones por el momento sobre la magnitud de las correcciones en gas por red y transporte, estos números evidentemente constituyen un ejercicio posible y pueden modificarse a medida que vayan conociéndose las definiciones de política. En suma, "las modificaciones en gas por red y transporte público son las que terminarán definiendo el ahorro fiscal y el impacto sobre la inflación vinculado a la quita parcial de subsidios".
Con todo, el informe concluye que "la sola apertura de la cuenta capital y la salida del default técnico en Nueva York, permitirían una baja en el costo de fondeo aún frente a un escenario fiscal no demasiado promisorio en 2016, y un 2017 donde las elecciones legislativas seguramente van a volver a dominar el escenario".
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