El presidente Néstor Kirchner pactará hoy con su par boliviano, Carlos Mesa, la venta de gas de Bolivia al nordeste argentino, aun cuando la Cámara de Diputados de ese país solicitó al Ejecutivo, a través de una «minuta de comunicación», que suspendiera cualquier decisión hasta que estuviera promulgada una nueva ley de hidrocarburos.
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El encuentro entre los mandatarios se realizará en Sucre, y la delegación argentina estará integrada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y algunos gobernadores de las provincias por las que pasará el Gasoducto del Nordeste que traerá el gas boliviano. Entre los mandatarios provinciales están Carlos Rovira -de Misiones-, Jorge Obeid -de Santa Fe- y Roy Nikisch -de Chaco-.
Kirchner suscribirá con Mesa un «acuerdo marco de voluntad política» que sentará las bases para la venta de gas, por 20 millones de metros cúbicos adicionales por día a partir de 2007. Hasta esa fecha se importarán 6,5 millones de metros cúbicos diarios, mientras en la actualidad la compra es de 4 millones.
El gas boliviano será destinado a las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por un período de 20 años. La operación requiere de la construcción del Gasoducto del Nordeste con una inversión de unos 1.000 millones de dólares, y 3.000 millones de dólares para el desarrollo de las áreas gasíferas en Bolivia.
Sin embargo, las petroleras que operan en ese país, lideradas por Repsol YPF, no decidirían una inversión de esa magnitud hasta que no está aprobada la ley de hidrocarburos, y perciban que hay garantías políticas de que los contratos se cumplirán y no serán boicoteados por la población indígena, que en 2003 logró frenar la exportación de gas a México.
La decisión del Ejecutivo boliviano ya se encuentra de hecho condicionada por la comunicación de la Cámara de Diputados, que exhorta al presidente Mesa a que «se abstenga de la firma de un contrato» con la Argentina.
El legislador del Movimiento al Socialismo (MAS) Santos Ramírez, definió como «preocupante» la actitud del gobierno de su país, porque actualmente el Congreso discute todavía «una nueva ley de hidrocarburos que tiene que ver con el cumplimiento del referéndum» sobre el gas realizado en julio pasado para definir la política energética nacional.
• Cambio de reglas
La nueva ley de hidrocarburos aumentaría a casi 50% los tributos que pagan las compañías trasnacionales y la participación del Estado en el negocio, lo cual es considerado como un cambio de las reglas de juego por las petroleras que operan en Bolivia.
De todas formas, por ahora los presidentes no van a firmar un contrato sino una especie de carta de intención que establece que los detalles en cuanto a precios, volúmenes y características de los futuros contratos se fijarán en base a lo que establezca la futura ley de hidrocarburos a promulgarse en Bolivia.
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