Una creciente inquietud invade los directorios de las principales empresas cementeras y constructoras de Brasil a raíz de la investigación abierta por la Secretaría de Derecho Económico (SDE) del Ministerio de Justicia de ese país sobre un posible cartel del cemento y concreto. Sobre todo por la expectativa generada tras el lanzamiento del plan de crecimiento del gobierno de Lula da Silva, que tiene como uno de sus principales pilares, precisamente, la obra pública y la inversión en infraestructura, donde las cementeras y constructoras tendrán un rol preponderante.
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Entre los investigados figurarían el grupo Camargo Correa, que en la Argentina opera y controla Loma Negra, Votorantim, Lafarge, Cimpor, Holcin, Nassau, Soeicom, Itambé, e Itabira.
Por primera vez en la historia, la SDE, que hace casi una década que intentaba abrir una investigación sobre un supuesto cartel, decidió hacerlo este año. Según informó la SDE, luego de realizar una operación conjunta con la Policía Federal y la Procuraduría General en la que aprehendieron documentación en seis empresas y dos asociadas del sector cementero en San Pablo y Rio de Janeiro, existe la sospecha de la conformación de un cartel. «Estos grupos estarían actuando en la fijación de precios del cemento y concreto, en la división de los mercados de manera regional, y en la segmentación y manipulación de los clientes para impedir la entrada de nuevos competidores», explicó la SDE.
El tenor de las acusaciones es grave, de acuerdo a los trascendidos extraoficiales dado que la SDE ha preferido mantener la cautela e incluso evitar nombrar a las empresas que fueron objeto de la reciente operación de búsqueda y captura de documentación y de equipos informáticos, por lo que se teme por el impacto sobre estos grupos empresariales de comprobarse las sospechas.
Gran parte de las presunciones se basan en testimonios de un alto ex-ejecutivo del sector quién además habría aportado pruebas contundentes de la operatoria bajo investigación.
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