Aunque el gobierno negocie con Bolivia el acuerdo final para la importación de gas de ese país por los próximos 20 años, sabe que debe reforzar la inversión en exploración para abrir nuevas áreas petroleras. Para hacerlo se reavivó la idea, congelada hace más de un año en el Congreso, de incentivar con beneficios fiscales a las empresas que operan en el país. Será siempre en asociación con la estatal ENARSA, que aportará su mayor capital: la concesión de las áreas a explorar para encontrar nuevos yacimientos. Es lógico que se avance en ese sentido cuando los propios informes oficiales indican que el crudo que se extrae en el país proviene mayormente hoy de sólo cinco de las veinte áreas que potencialmente podrían ser explotadas.
No son claras las explicaciones que se dan en el Congreso sobre la demora que ha tenido el tratamiento en Diputados del proyecto de ley del gobierno para incentivar la exploración de hidrocarburos. Lo cierto es que, después de más de un año de haberse presentado, ese proyecto ahora no sólo pasó a ser prioridad para el Poder Ejecutivo, sino que es uno de los pocos por tratar en lo que queda del año.
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Desde esta semana, la Comisión de Energía comenzará a transitar ese camino.
Esa iniciativa, que implementa un régimen de promociones impositivas para incorporar nuevas áreas de producción petrolífera, fue enviada al Congreso cuando todavía Roberto Lavagna ocupaba el Ministerio de Economía el 18 de mayo de 2005. Es, con mínimas variantes, un sistema de beneficios similar al que se sancionó en la Ley de Promoción para la Inversión en Bienes de Capital, destinada a la construcción del gasoducto del noroeste.
El actual proyecto «durmió» esos meses en comisión hasta que comenzaron las preocupaciones por la caída de reservas y la necesidad de aumentar las importaciones de gas, tal como explica el propio mensaje que el gobierno envió al Congreso. El sector petrolero, de hecho, ha manifestado públicamente que espera la sanción de la ley de incentivos a la exploración.
No se explica, además, que un Congreso que es casi una «escribanía» del Poder Ejecutivo haya demorado tanto el tratamiento de una ley, por lo que las razones habría que buscarlas en la Casa Rosada. Pero ahora esa situación parece cambiar.
Con la firma de Julio De Vido, Lavagna, Alberto Fernández y Néstor Kirchner, el gobierno giró al Congreso en ese momento un proyecto que establece:
La creación de dos regímenes promocionales de exploración y explotación de hidrocarburos para todo el país y la plataforma continental, al que podrán suscribir todas las provincias.
En el Régimen para la Exploración de Hidrocarburos estarán integradas todas las áreas con potencial geológico sobre las que actualmente no esté otorgado un permiso de exploración o una concesión de explotación.
Para poder gozar de los beneficios impositivos, las empresas deberán asociarse en los permisos de exploración y concesión con la estatal ENARSA, aunque existirán variantes para cada caso.
Se aplicará un sistema de devolución anticipada de IVA sobre las inversiones realizadas, similar a la Ley de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital, aunque en este caso podrá extenderse el plazo hasta 15 años desde la obtención del permiso de exploración.
Los activos de las empresas que ingresen en la promoción de exploración petrolera no estarán alcanzados por el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
Uno de los mayores beneficios que se ofrecerán como incentivo a las empresas es la exención del pago de todo derecho de importación por la introducción de bienes de capital.
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