Aurelius Capital Management, uno de los principales acreedores "holdouts" que quieren acordar con Argentina pagos de deuda tras el incumplimiento de pago del país en el 2002, dijo este lunes que el Gobierno enfrentaría una nueva crisis el 30 de julio si no se involucra en negociaciones reales.
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Funcionarios argentinos y los inversores holdouts se reunieron por separado el viernes pasado con el mediador judicial Daniel Pollack, pero salieron de su oficina tras cinco horas de discusiones sin una resolución o una nueva conversación programada.
Ambas partes endurecieron su retórica para explicar que están dispuestas a negociar pero que la otra parte no muestra disposición a hacerlo.
"Si no hay un acuerdo, la próxima crisis de deuda soberana de Argentina comenzará el 30 de julio. Aún hay tiempo para evitar ese resultado, pero sólo si el Gobierno argentino inicia conversaciones serias con nosotros inmediatamente", dijo Aurelius en un comunicado.
La firma dijo que junto con otros acreedores no reestructurados ofreció reunirse con el Gobierno en cualquier momento y en cualquier lugar, pero que su propuesta fue rechazada.
"Los funcionarios argentinos se rehúsan a reunirse con nosotros o incluso a negociar con nosotros indirectamente. Lamentablemente, este enfoque juega con los medios de vida y el futuro del pueblo argentino", agregó.
Argentina sigue pidiendo una suspensión de la orden de Griesa para que el país pague a acreedores, mientras continúan las discusiones. Eso daría a la nación más tiempo, más allá de un plazo del 30 de julio para pagar un cupón a los tenedores de bonos que sí aceptaron dos reestructuraciones de deuda previas, en 2005 y 2010.
"El viernes, el Ministerio de Economía de Argentina emitió otra declaración pidiendo que se suspenda la orden pari passu", dijo Aurelius. "Esto es extraño, porque la Corte de Distrito rechazó esa suspensión el mes pasado", agregó.
"Antes de eso, la orden había estado suspendida casi dos años y medio mientras Argentina la apelaba. Durante ese período, Argentina rechazó innumerables iniciativas para un arreglo, incluso por parte de la corte de apelaciones. Argentina demostró totalmente que no merece otra suspensión ahora", enfatizó.
El Gobierno dijo el viernes en un comunicado que estaba dispuesto a continuar las conversaciones pero no especificó si lo haría o cuándo.
El bufete legal Bingham McCutchen dijo en un comunicado el domingo que está organizando lo que denomina un grupo "ad hoc" de otros acreedores no reestructurados y los invitó a unirse a sus esfuerzos para una posible negociación.
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