Bullrich anuncia fin de planes Trabajar
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En relación con la venta callejera, fuente de evasión y trabajo en negro, Bullrich puntualizó que «hay un operativo en marcha desde el 1 de agosto y que se extenderá hasta el 30 de noviembre, por el cual se piensa llegar a casi 600.000 trabajadores de 54.000 empresas en todo el país».
Mediante este comercio son evadidos alrededor de 3.000 millones de pesos al año y, según estimaciones, trabajan 24.000 personas en negro. Agregó que «en forma complementaria, se pondrá en marcha a partir del próximo año la bancarización del pago de asignaciones familiares», gracias a la cual, según dijo Bullrich, « se podrán detectar empresas fantasma que evaden al fisco».
Rechazo
Bullrich rechazó también la posibilidad de que las centrales sindicales lleven adelante un nuevo paro general, al argumentar que en el marco de la política de «déficit cero no se puede perder la recaudación de un solo día».
« No tenemos idea de que se vaya a convocar a un paro, pero en este momento de restricciones y de problemas, donde la recaudación de un día es muy importante, no se puede dejar de recaudar», remarcó Bullrich en declaraciones a radio «América».
Las dos CGT se reunirán hoy para ponerle fecha a la protesta, mientras la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) tiene previsto realizar una movilización nacional entre el 11 y el 21 de septiembre.
Por otra parte, al referirse al decreto que dispone que las empresas podrán opinar sobre los conflictos generados entre dos sindicatos, Bullrich consideró que las organizaciones privadas «pueden decir qué convenio colectivo es el principal de la actividad, porque es fundamental ordenar las actividades».
« Hay personerías gremiales con más de 30 o 40 años, pero nacieron nuevas actividades, y entonces tenemos muchísimos problemas para el encuadramiento. Por eso creemos que la manera más transparente de encuadrarlas es que todos puedan participar, las empresas y los gremios», indicó.
El camionero Hugo Moyano acusó por su lado al gobierno de «entrometerse en forma indebida en la vida sindical».
El abogado de esa central obrera, Héctor Recalde, opinó que esa iniciativa de Bullrich « no respeta la independencia de los gremios». El representante legal de la CGT disidente explicó que la normativa « viola el artículo 57 de la Ley 23.551», que le prohíbe al Ejecutivo nacional « interferir en la vida gremial y sus fondos».




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