El Ministerio de Economía, que ayer se enfrentó a la COPAL por su crítica a la eliminación de los reintegros a la exportación, no confirmó aún la corrección pedida por algunas economías regionales para que se las exceptúe de la medida que elimina las devoluciones sobre diversos productos clave para ellas, como aves, arroz y ajos. Desde el sector privado se estimaba que el gobierno debería resignar no más de 10 millones de dólares de una medida que para el sector agroalimentario significa una resignación de u$s 120 millones.
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Entre Ríos y la región de Cuyo fueron las zonas más afectadas por la Resolución 616 que incluyó unos 200 productos alimentarios.
De hecho, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, se comprometió ante los empresarios rurales de su provincia a realizar una presentación frente al gobierno, para demostrar los perjuicios que la medida causa sobre las arcas de los productores.
«Representa un desincentivo para muchas actividades porque se opera con márgenes pequeños. La medida representa un ahorro escaso para el Estado pero mucho para actividades mesopotámicas», decía ayer un dirigente entrerriano, quien ratificaba que la citricultura, otra actividad mesopotámica importante, no estuvo incluida en la resolución oficial.
En el Ministerio de Economía no son ajenos a los cuestionamientos y podrían definir rápidamente la modificación que significaría unos 10 millones de dólares para el Estado, según cálculos privados.
