Cavallo se cubre ante juicios de acreedores

En la agenda de Domingo Cavallo figuran contactos con estudios legales para prevenir posibles acciones contra la Argentina tras el anuncio del canje de la deuda por préstamos con una tasa máxima de 7% anual. La rebaja de la nota de Standard and Poor's (S&P) que, en una polémica decisión, puso al país en «default selectivo», podría habilitar a algunos inversores a que activen algunas cláusulas existentes en los contratos de emisión de los bonos y recurrir a la Justicia.

Concretamente, se habla de que podría haber algún pronunciamiento en contra de la Emerging Markets Traders Association (EMTA) y la recientemente creada Emerging Markets Creditors Association (EMCA). Dado que existe una cláusula en el contrato de emisión de los títulos públicos de «cross default» (habilita a inversores a exigir el pago inmediato de los bonos una vez que el país haya entrado en default en cualquier otro instrumento de deuda), podría haber quienes, al amparo de la decisión de S&P, recurran a la Justicia.

Contra esta estrategia, jurídicamente el término «default» se reservaría para cuando un país no paga una deuda, y la Argentina viene cumpliendo puntualmente sus pagos. Un estrecho colaborador del ministro Cavallo minimizó este hecho al asegurar a este diario que «puede haber algunas presentaciones legales que generen ruido, pero no tendrán demasiado sustento».

La EMTA es una organización de reconocida trayectoria con sede en Nueva York que promueve el desarrollo ordenado de mercados para instrumentos de deuda de mercados emergentes. Fue formada en 1990.

La EMCA es otra agrupación, pero de los tenedores de bonos directamente, y fue formada a fines de 2000. Es el vehículo a través del cual los inversores en bonos de países emergentes apuntan a establecer, por ejemplo, propuestas generales para reestructuración de la deuda y que se respeten sus derechos.

Lo que sí será una tarea ardua para los abogados que asesoran al equipo económico es lo relacionado con otro posible accionar judicial. Sería similar a lo sucedido con anteriores reestructuraciones de deudas, concretamente Perú y Brasil (con el plan Brady), por los «vulture investors», o inversores «buitres».

Ocurrió que en las últimas reestructuraciones de deuda se incluyeron algunos «exit amendments», que son cláusulas que para promover la aceptación del canje de bonos restan beneficios o atributos legales a los viejos títulos de deuda. Son, por ejemplo, el cambio de la jurisdicción legal (de Nueva York a Buenos Aires, por ejemplo) y la plaza de cotización (lo sacan de las principales Bolsas del mundo) y estas cláusulas, u otras similares, se podrían utilizar con el canje de deuda argentino para incentivar la aceptación de la oferta. Hay un precedente en contra: el denominado caso Elliot, que en la reestructuración de la deuda de Perú y su ingreso al plan Brady se mantuvo afuera de la oferta de canje para lograr mejores términos y pagos de sus acreencias. Lo logró y es ahora una amenaza para todas las reestructuraciones de deudas.