Caracas (ANSA) - Un municipio del estado venezolano de Anzoátegui, en el oriente del país, exigió a ExxonMobil el pago de unos u$s 110 millones por impuestos municipale supuestamente adeudados por explotación petrolera entre 2000 y 2006, informó ayer la prensa local.
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El reclamo se produce en medio de un pleito legal impulsado por Hugo Chávez entre la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) con Exxon por el pago de sus activos, tras la nacionalización del proyecto Cerro Negro que explotaba en la faja del Orinoco.
El alcalde del municipio Independencia, con jurisdicción en Cerro Negro, Humberto Bello, hizo el reclamo a través de un comunicado, según reportó el diario «El Universal».
«El municipio Independencia amenaza con juicios de embargo a la petrolera estadounidense, por falta de pago de dichos impuestos, más multas e intereses, durante su operación en Cerro Negro, donde operó una planta petrolera», reportó el rotativo.
Bello afirmó que la petrolera «está legalmente obligada a satisfacer este reclamo», según la jurisprudencia local, que el año pasado estableció «la legitimidad del tributo municipal».
Añadió que a dicho monto habría que sumar «los tributos por los ingresos de 2007 y los que se deriven de la indemnización a la que pueda acceder ExxonMobil», en su reclamo a PDVSA.
El comunicado advierte que la operadora Cerro Negro (agente mercantil de ExxonMobil) cuenta con 15 días de plazo legal para ejercer su recurso de reconsideración a la medida ante la autoridad tributaria municipal «y de no hacerlo en las próximas semanas, se iniciarán acciones judiciales contra ExxonMobil y se solicitarán medidas de embargo en su contra».
ExxonMobil logró la semana pasada en tribunales de Estados Unidos, Londres y Holanda el aseguramiento de bienes de PDVSA por u$s 12.300 millones, en garantía a una demanda de arbitraje interpuesta ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En respuesta, PDVSA decidió el martes pasado la suspensión de relaciones comerciales y suministro de crudo a Exxon en « reciprocidad», a lo que calificó como acciones de «hostigamiento jurídico-económico» en contra de la empresa.
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