Clave: primer test del gobierno en el Congreso por uso de superpoderes
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Alberto Fernández
Desde ayer deben sumarse a ese menú las declaraciones de Alberto Fernández sobre Raúl Alfonsín: «Escuchar hablar (a Alfonsín) de la calidad institucional al mismo que promovió las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dejó impunes los peores crímenes que se cometieron en la Argentina, es como difícil de entender», dijo. Para la UCR pro y antialfonsinista eso fue demasiado: ningún radical, sea del sector que sea, permitió nunca que se cuestionara el papel de Alfonsín como defensor de derechos humanos -inclusive durante la dictadura actuando en la Asamblea Permanente- y luego como impulsor del único juicio de la historia a juntas militares golpistas. Ayer en el bloque UCR se prometía venganza en el recinto.
Después de más de un año de ausencias, Alberto Fernández parece ahora dispuesto a regularizar los informes que como jefe de Gabinete debe dar al Senado y Diputados. La Constitución lo obliga a visitar un mes a cada Cámara, pero esa función no la cumplió casi ningún jefe de Gabinete hasta ahora. Fernández parece haberle encontrado utilidad desde que el 5 de julio pasado concurrió a la Cámara alta para defender el proyecto que le otorgó superpoderes para manejarlas partidas del Presupuesto. Esta vez, a menos de un mes de ese día, el tema volverá a ser el gasto, pero no la forma en que se faculta al funcionario a manejarlo, sino como lo ha hecho el gobierno en los últimos meses. Por eso es que el jefe de Gabinete, se prometió, será puntilloso en explicar cada cambio en las asignaciones del Presupuesto, a quiénes favorecieron, qué sector las pidió y con qué destino.
De todas formas, el haber elegido a las asignaciones presupuestarias como tema del informe de Alberto Fernández no es un éxito de la oposición, sino una decisión del propio gobierno que usará esa exposición como una herramienta de campaña en medio de la concertación.
Curiosamente, y por una mera cuestión temporal, Alberto Fernández cumplirá con su exposición del próximo miércoles con una obligación que no ha honrado ningún jefe de Gabinete hasta ahora: informar al Congresosobre la cuenta de inversióndel año anterior -en términossimples, la forma en que el gobierno ejecutó el Presupuesto, en este caso de 2005-, una vez que se cierra su proceso en el Poder Ejecutivo, algo que sucede siempre en junio del año siguiente al que se debe analizar.
El artículo 5 de la Ley 23.847, que fija las atribuciones de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, dice que «Una vez remitida al Honorable Congreso de la Nación la Cuenta de Inversión del ejercicio anterior y en forma previa al envío del proyecto de Ley de Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, el jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos concurrirán a una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de las Honorables Cámaras de Diputados y Senadores, para presentar un informe global». No será ante esas comisiones pero, casi por casualidad, Alberto Fernández cumplirá por primera vez con esa ley.




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