La Corte Suprema de Justicia revocó ayer un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que impedía arancelar el sistema de consultas conocido como «110». La decisión habilita a las prestadoras telefónicas a cobrar ese servicio de información, además de los pulsos de la llamada.
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El tribunal supremo se pronunció en este sentido, al desconocer la legitimidad del defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que se opuso a que se les facturen a los usuarios estas prestaciones. Según la Corte, el ombudsman porteño no tiene potestad para cuestionar u objetar los actos de las autoridades nacionales ni, eventualmente, lograr su anulación.
La sentencia de los magistrados no implicó el tratamiento del fondo de la cuestión, es decir, la legalidad o no del cobro del servicio.
El conflicto por la gratuidad del sistema de informaciones fue llevado a la Justicia por la ex defensora Alicia Oliveira, que impugnó la decisión administrativa de la Secretaría de Comunicaciones de arancelar el servicio. La ex defensora obtuvo un primer éxito ante la Cámara de Apelaciones, que declaró nula la Resolución 2.926 de 1999, por lo que las empresas telefónicas debieron desistir de facturar el uso del «110».
