El ministro de Economía, Roberto Lavagna, anunció ayer que las exportaciones de desechos de cobre y aluminio serán suspendidas por 90 días, a raíz de los incesantes robos de ese material. En una conferencia de prensa, reveló que se detectó que el robo de cables ascendió a 6.300 kilómetros y afectó a 2,3 millones de personas, sin contabilizar a los afectados por robos en el servicio ferroviario y televisión por cable.
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El funcionario explicó que «a fin de evitar estas exportaciones de cobre robado habíamos fijado una retención a la exportación, un derecho a la exportación muy alto pero atento a que estas operaciones siguieron, voy a estar firmando una resolución por el cual directamente suspende por 90 días las exportaciones de desperdicios y desechos de cobre y aluminio».
Durante esos tres meses se implementará además un sistema de control que garantizará que las exportaciones tengan un origen no ilegal.
Este fue uno de los puntos que pidió el mes pasado el defensor del pueblo de la Nación, Guillermo Mondino, a Lavagna. El ombudsman recomendó al gobierno crear un registro de productores y exportadores, y evaluar la suspensión de las ventas externas ya que se exportaron 10 millones de dólares en desechos de cobre entre enero de 2003 y marzo de 2005. La cifra no es relevante en el total de las exportaciones del país, pero según Lavagna se decidió suspenderlas para evitar que el robo de cables perjudique a terceros. Según la defensoría del pueblo de la Nación, el costo de reposición de los 6.300 kilómetros de cable es de 28,3 millones de dólares «que terminan pagando los usuarios de los servicios, ya que dicha reposición forma parte del componente de mantenimiento de estos servicios».
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