Los puestos callejeros abundan por la Ciudad y son una competencia desleal a los comercios que pagan impuestos.
La Comisión Multisectorial contra la venta ilegal en la vía pública presentó ayer a Aníbal Ibarra, Mauricio Macri y los presidentes de bloque de la Legislatura porteña, un documento en el que exigieron una ley correctiva del Código de Convivencia y manifestaron «el absoluto rechazo al proyecto para habilitar 790 puestos fijos en la vía pública».
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El documento «sobre la venta clandestina y el espacio público» fue firmado, entre otros, por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Osvaldo Cornide, y el secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, Armando Cavalieri.
La comisión se entrevistará mañana con el fiscal Luis Ducastella Arbizu.
Según la Multisectorial, «la venta en la vía pública está absolutamente prohibida por la Ordenanza 42.723». «Sólo permite, en forma ambulatoria, la venta de golosinas, pochoclos y similares. En forma fija, y preferentemente a discapacitados, permite lustradores de calzado, diarios, revistas y flores naturales. Lo que no está expresamente autorizado está prohibido», reza el comunicado.
«Por tal motivo son falsas y mal intencionadas las informaciones que distribuyen quienes incurren en ese delito, al manifestar que tienen papeles en regla o en trámite. Ninguna autoridad puede extender ningún permiso porque lo prohíbe la legislación vigente», continúa argumentando la Comisión Multisectorial contra la venta ilegal en la vía pública.
Asegura que existe un atajo irregular que podría dar lugar a diversas interpretaciones que fue incluido en el Código Contravencional, cuando refiere que se pueden vender «baratijas y/o artesanías». Pero afirma que las autoridades y la oposición se comprometieron a una ley correctiva.
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