• 23% de aumento para taxistas que hicieron huelga. • 20% en tarifas aéreas para cabotaje más subsidio. • 25% de incremento para micros de larga distancia. • Ya habían dado subsidio a Edenor, Edelap y Edesur. • Subsidiaron a empresas de colectivos metropolitanos. • A trenes y red vial habían otorgado también subsidio. • Ya estudian un aumento para el precio de lácteos.
Es correcta la decisión del gobierno de comenzar a preocuparse por la olla a presión que representa la microeconomía con tarifas congeladas desde hace tiempo frente a un elevado aumento salarial que logró el sindicalismo y estaba afectando demasiado a las empresas e inclusive a la clase media. Por ejemplo, el gremio de encargados de edificios, que dirige el sindicalista Víctor Santa María -hombre cercano al jefe de Gabinete, Alberto Fernández- había logrado tanto aumento que hizo triplicar las expensas con relación a la inflación del año. Lo correcto es permitir ciertos aumentos de productos para limitar riesgos de estallidos por una inflación reprimida. La política de subsidios, que compensa a otros sectores para que no aumenten los precios, es discutible porque significa dispendio de fondos del Estado que podrían ser mejor empleados, por caso en búsqueda de gas y petróleo frente a la amenaza de agotamiento dentro de pocos años. También sería mejor destinar dinero para terminar Yacyretá y la central nuclear Atucha II porque esto hace también a revertir el negro panorama energético que se vislumbra en algunos años.
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A colectivos de la red metropolitana se les otorgaron 60 millones de pesos por mes y para trenes -muy poco justificable esto- y a la red vial dieron 1.085 millones de dólares (que era lo que se había ahorrado en intereses al cancelar la deuda con el Fondo Monetario). Se aleja entonces la posibilidad de un «Rodrigazo» (brusco estallido de precios en alza luego de un largo congelamiento como el actual en 1975) pero la política económica con estas medidas sigue mostrándose errática, sin líneas definidas, lo cual genera temores. Uno es que se conceden ahora pero no se liberan y podrían seguir congelados en el año 2007 cuando el gobierno políticamente buscará la reelección presidencial. Por eso estos alivios a la presión sobre las empresas siguen sin alentar la inversión, que es un problema grave.
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