En los próximos días, el Banco Central reducirá sustancialmente las exigencias patrimoniales a las entidades financieras. La medida fue negociada con el FMI y responde a la situación que atraviesa el sistema financiero. La decisión clave pasa por la modificación de los requisitos de capital, acordes con lo que se conoce como los requisitos de Basilea (sede del Banco Internacional de Pagos). Mientras que ahora los bancos deben poseer un nivel de capital equivalente a 11 por ciento del total de sus activos, ahora se bajará esa exigencia a un nivel cercano a 8 por ciento, el mínimo permitido por la normativa que sigue la mayor parte de los sistemas del mundo.
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Esta reducción sería transitoria y los bancos deberán recomponer su base de capital hasta volver a 11 por ciento en un plazo que todavía está siendo determinado, pero que no sería inferior a los tres años. También se pondrán requisitos de capital para la tenencia de títulos públicos, que hasta ahora estaban exentos, paralelamente al descalce de plazos entre activos y pasivos.
Estos y otros cambios figurarán en la nueva norma de capitales mínimos que ya está redactando el directorio del BCRA, bajo la conducción del superintendente de Entidades Financieras, Jorge Levy. Por el lado del Fondo Monetario Internacional, quien está más involucrado con estas normas es el experto en temas bancarios David Holschire.
Para el BCRA, no es una tarea sencilla establecer qué bancos cumplen y cuáles están fuera de la regla que se establecerá en la norma de capitales mínimos. Sencillamente, porque las compensaciones por cuestiones como la pesificación asimétrica, el pago de amparos y la eliminación del CER en créditos aún están muy lejos de concretarse. Además, se transformó en una tarea casi imposible valuar el activo de las entidades luego de la devaluación.
La postura de la autoridad monetaria de aceptar un esquema reconociendo la emergencia del sector no es nueva. Por ejemplo, dio un plazo superior a los cinco años para que los bancos valúen los títulos que tienen en cartera a precios de mercado, en vez de hacerlo a 100 por ciento de su paridad, como hacen en la actualidad.
Además, suavizó el esquema de calificación de deudores para que más empresas puedan convertirse en sujetos de crédito.
Muchas compañías, sobre todo pequeñas y medianas empresas, habían quedado fuera de la posibilidad de recibir nuevos préstamos tras la salida de la convertibilidad. De todas formas, esta medida no es la solución. El crédito hoy no existe porque, tras 17 meses de lanzado el «corralito», sus efectivos están vigentes: los bancos acumulan liquidez por temor a los amparos del público y a la salida de dinero del «corralón».
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