Como hace cada provincia para cumplir ahora con exigencias de Nación
Nueve son las provincias con chances de alcanzar el tan mentado déficit cero en el corto plazo. Según estimaciones recogidas por este diario, San Luis y Santiago del Estero ya cumplen con los requisitos de tener superávit en sus cuentas. La Pampa y Santa Cruz fueron adicionadas por el ministro de Economía, Domingo Cavallo. Teniendo en cuenta los números del rojo en Corrientes, es muy probable que la intervención esté a tiro del ajuste. En tanto, en Catamarca y Santa Fe el optimismo es manifestado por las administraciones provinciales. Córdoba llegaría a equilibrar su gasto si concreta las privatizaciones anunciadas. Por último, en Tucumán el porcentaje de déficit sobre los ingresos indica una buena disposición estructural para concretar las rebajas.
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Neuquén se encuentra dentro de este conjunto. La provincia gobernada por Jorge Sobisch (MPN) está en una tercera posición y sus planteos critican que Nación exija el mismo esfuerzo a todas la provincias por igual, sin discriminar entre las que hicieron bien «los deberes» y las que no. Obviamente, Sobisch ubica su administración dentro del primer grupo. Con un rojo de $ 79 millones, Neuquén echará mano a una reestructuración el gasto (depende en demasía de la exportación de energía y las regalías hidrocarburíferas) y la emisión de un título público de $ 450 millones para hacer frente a la deuda consolidada.
Tucumán está a punto de comenzar con su ajuste. El gobernador Julio Miranda ya determinó la emisión de $ 19 millones en bonos -se sumarán a los $ 76 que ya están en curso-y la reducción de cinco a tres ministerios, junto con la eliminación de 13 secretarías. Además, están en carpeta la privatización del sistema sanitario, la venta de propiedades públicas localizadas en Capital Federal y la venta del Casino.
El interventor de Corrientes, Oscar Aguad, ya había asegurado días atrás que en esta provincia el ajuste ya fue iniciado en 1999, con lo cual no habrá modificaciones de importancia en la estructura económica local, que ya redujo sus gastos en $ 40 millones y su porcentaje de déficit sobre los ingresos es de apenas -0,8.
En Catamarca, el ministro de Economía, Jorge Greco, entiende que llegarán a déficit cero «sin tocar sueldos» y que el rojo de este año hasta el día de hoy se estima en tan sólo $ 4 millones.
Otra de las que entra en este grupo es Córdoba, donde existe una grave controversia acerca de cuál es exactamente la deuda provincial. El gobernador José Manuel de la Sota asegura que recibió la administración en 1999 con un rojo de $ 2.500 millones, mientras que su antecesor, el actual ministro del Interior, Ramón Mestre, acusa que la deuda dejada por él no superó los $ 1.000 millones. De todos modos, el ingreso cordobés es bastante elevado y se acerca a $ 3.000 millones, incluyendo privatizaciones.
Con una hoja de ruta más complicada, está el resto de las provincias.
Paradigmático es el caso de Buenos Aires, cuyo gobernador, Carlos Ruckauf, está enfrentado a Cavallo y es imposible que llegue a nivelar sus cuentas antes de fin de año. Hoy presentaría su plan de ajuste propio y ya tiene definida la emisión de un bono que rondaría los $ 800 millones y sería aplicado en 10 días. Además, debe hacer frente a un achique, acordado con Nación hace quince días, de $ 1.000 millones hasta mediados de 2002.
Poda
Las medidas de reducción del gasto bonaerense -diseñadas por el ministro de Economía, Jorge Sarghini-dispondrán una poda salarial progresiva, es decir, que aumentará para los sueldos más altos y alcanzará a 15 por ciento de los 375 mil estatales. Se espera generar un ahorro de entre $ 30 y $ 40 millones. Otra de las patas del plan provincial contiene la eliminación de 200 cargos públicos, los que se supone provocará un ahorro de $ 20 millones.
Sergio Montiel, gobernador de Entre Ríos, aseguró que no ordenará rebajas de sueldos ni despidos, pero que aún está estudiando la utilización de bonos. Existe en esta provincia un paquete de leyes que está siendo tratado en la Legislatura provincial que incluye la creación de una procuraduría (para cobrar las deudas que los particulares tienen con el Estado provincial) y un plan de racionalización de personal, que permitiría retiros voluntarios a los agentes con más de 45 años de edad y 10 años de antigüedad (se podría llegar a ahorrar entre $ 12 y 26 millones). Además, están gestionando recursos por $ 110 millones, de los cuales $ 40 millones corresponden a un adelanto de la coparticipación.
Por último, La Rioja es una de las mas comprometidas en materia de endeudamiento y ya tiene definido reducir la estructura ministerial -pasará de cinco a dos carteras-, la privatización de servicios de obras sanitarias y rentas, la eliminación del aguinaldo dentro de los tres poderes y la emisión de un bono para pagar parte de los salarios estatales. Esperan reducir el gasto público corriente (este año ronda los $ 650 millones) entre 30 y 40 por ciento.




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