Cómo será el ajuste en la obra social de jubilados

La propuesta de reconversión de la obra social de los jubilados (PAMI) contempla un ajuste de personal de 3.806 agentes de la planta permanente y contratados, generando un ahorro de casi 13 millones de pesos de aquí a fin de año.

De acuerdo al plan presentado ayer en la reunión de Gabinete, además de la reducción en la cantidad de personal también ajustarán el gasto de administración «a sumas significativamente inferiores a las que la obra social tuvo en los últimos 25 años».

Respecto de la deuda del PAMI, la «financiera» asciende a 743 millones de pesos, la mantenida con «prestadores» a 593 millones (tiene 120 días de atraso), y por «juicios» otros 200 millones. En cuanto al proyecto de presupuesto 2002, se estiman ingresos por 2.245 millones de pesos y gastos por 2.182 millones, lo que arroja un resultado operativo positivo de 63 millones. Para encarar el ajuste y conseguir el déficit cero, se propone conseguir un préstamo del Banco Nación a 5 años por 50 millones de pesos; una asistencia del Tesoro (para despidos) reintegrable por 70 millones; y la transferencia de 50% del total disponible del Decreto 925 que significan 200 millones, lo cual da un total de 320 millones de pesos. «Esta reconversión se procura realizar, señala el documento, ocasionando la menor cantidad de despidos directos y de desocupados. Para ello se propone la readecuación de numeroso personal, mejorando a su vez la calidad de las prestaciones que le brinda a los jubilados.»

«No puede realizarse ninguna reestructuración del PAMI, que signifique reducción de personal, o modificación de la Ley de Contrato de Trabajo y otro costo político», advierte la propuesta.

«El ajuste en el gasto de personal ha sido aplicado con mayor porcentual en el correspondiente al monto de las remuneraciones de la totalidad del personal de dirección del PAMI, en un porcentual superior al aplicado en la Administración Central del PEN. Esta reducción supera a 50 por ciento del que percibían en el período anterior al de 1999, pues por entonces una parte importante de la remuneración se les pagaba en forma no registrada como tal», explica.

En cuanto al costo económico estimado, la propuesta señala que para esta reestructuración del PAMI no requiere ser soportado en su totalidad en forma inmediata. «Admite financiaciones y modalidades acorde a cada uno de los temas que la componen, y según los plazos en que se quieran implementar conforme criterios de conveniencias y posibilidades, económicas y políticas».

Objetivos

Las propuestas estructurales apuntan a:

• Bajar entre setiembre y octubre el gasto en ambulancias en casi 6 millones de pesos. Se ahorran 3,6 millones por el vencimiento de viejo contrato capitado; otros 8,67 millones por reducción de personal de las DAMP, y 0,12 de millón por reducción del valor de la cápita. Frente a esto aumenta en 7,05 millones el nuevo contrato por servicio capitado. Por ende el neto es un ahorro de 5,88 millones de pesos.

• Ajustar en la unidad UPPRI Rosario, 1,34 millón de pesos entre setiembre y diciembre de este año, prove-nientes del inicio de la reconversión que afecta a 100 agentes por 0,76 de millón, otro 0,19 de millón con el fin de la reconversión (otros 100 agentes) y el cierre de la UPPRI y transferencia al policlínico Julio Corzo de 0,39 de millón.

• Reducir personal (3.806 agentes) lo que redundará en un ahorro de 12,94 millones de pesos en lo que resta del año.

Incluye la inmediata racionalización de contratos por 0,80 de millón; la reducción de horas extra por 3,90 millones; la aplicación del Decreto 896/01 -ajuste salarial- genera un ahorro de 1,60 millón; la racionalización de la Planta Política otro 1,60 millón; 0,86 de millón por incompatibilidades; 2,28 millones por desvinculación asistida y 1,90 millón de retiros voluntarios.

El costo de las indemnizaciones por despidos y retiros asciende a 69,78 millones de pesos de aquí a fin de año.

En cuanto al marco de recursos presupuestarios, la propuesta señala que el PAMI soporta con sus recur-sos propios la prestación de los servicios correspondiente al Programa de Protección al Discapacitado, pero no percibe los recursos sancionados para tal fin por la Ley 25.413. Además continúa prestando los servicios de sepelio, que corresponden a la ANSeS, la que dejó de soportar su costo desde la sanción del Decreto 197/97 por lo cual el PAMI soporta el costo de este servicio ajeno a sus fines con los recur-sos propios, sin percibir tampoco ningún reintegro desde la sanción del decreto.

También advierte que el PAMI debe afrontar el costo de los servicios de asistencia a las personas mayores de 70 años, con sus recursos ordinarios, sin que se hayan previsto los correspondientes al mayor costo que significa este servicio.

«Corresponde evaluar la necesidad y conveniencia de que el PAMI ejerza el control y procure por sí el cobro de los aportes previstos por la Ley 19.032 tal como realizan otras obras sociales en los términos de la Ley 23.660».

La implementación de este Plan de Reestructuración requiere de un plazo inevitable (previsto en la Ley 24.013 en reconversión de la empresa).