Ya está listo el decreto por el cual finalmente el gobierno intentará laliquidación definitiva del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR), queimplicará la emisión de un nuevo bono público por alrededor de 1.000 millonesde pesos. El próximo miércoles el ministro de Economía, José Luis Machinea, loanunciará oficialmente durante la celebración del Día del Seguro.
Antes de viajar a Mar del Plata para participar del Congreso de la UniónIndustrial Argentina (UIA), el viernes pasado muy temprano el ministro Machinea,se reunió con los principales referentes del sector asegurador. En dichoencuentro les anticipó cuál fue la solución escogida para terminar con estahistoria de desaciertos que fue el monopolio reasegurador del Estado.
De acuerdo a versiones recogidas entre los participantes, el nuevorégimen para la liquidación del INdeR costaría la emisión de un bono deconsolidación (BOCON) por unos 1.000 millones de pesos. Pero lo preocupante esque en lugar de terminar de una vez por todas con el «taxímetro» del INdeR, lasolución que habría tomado el equipo económico conlleva a una especie derevisionismo histórico de los reclamos de las aseguradoras. Es decir que enlugar de darle un corte definitivo seguiría actuando la Sindicatura General dela Nación (SIGEN) en la verificación de las deudas.
El equipo económico tenía en sus manos dos alternativas. Una era cortarpor lo sano, y sobre la base de la deuda existente cancelarla por completo. Lasegunda era continuar con la historia actual, revisando todos los expedientesmientras el taxímetro sigue alimentando los montos reclamados.
Finalmente se habría decidido un mix.
El decreto permitiría determinar en el corto plazo la deuda del INdeRcon cada aseguradora recurriendo a la información disponible y a muestreossobre la misma. Así quedaría más o menos definida la situación patrimonial delas entidades en un breve plazo.
De todos modos el equipo económico ha tomado cierta distancia de lascompañías en dificultades porque estiman que la mora incurrida por el INdeR hagenerado serias distorsiones, que no dejan claramente posicionados quiéneshacen reclamos justos y quiénes no.
La crisis final del INdeR data de principios de los noventa cuando sedecidió abrir el mono-polio del reaseguro. ¿Cómo se operaba antes? Lascompañías tenían la obligación de reasegurarse en el INdeR. Pero en realidad letransferían los malos negocios, es decir aquellos seguros que eran de altoriesgo, mientras que los buenos riesgos se los quedaban. Era una forma deautorreasegurarse porque sabían que el siniestro difícilmente ocurriría. En el'90 se permitió que de la porción a reasegurar se podía transferir 40% a unreasegurador en el exterior y 60% en el INdeR.
En 1992 se permitió transferir 100% del reaseguro al exterior.
Pero en todos estos años se fueron acumulando deudas por siniestros quelas compañías pagaron y que el INdeR no canceló. Además, hubo casos en que elINdeR pagó, pero no lo hizo en tiempo y forma. Y comenzaron a caer siniestrosde años anteriores.
Estimación
Toda esta historia tiene un costo de más de 1.300 millones de pesos.
En el '95 las autoridades de la Superintendencia de Seguros, comandadapor Alberto Fernández, propusieron un «cutoff», es decir estimar ladeuda acumulada, parar el taxímetro y pagar con un pagaré público descontableen los bancos. Pero a la hora de calcular la deuda, la Superintendenciapuso el dedo en la llaga y solicitó ajustar los reclamos. Porque descubrió quefrente a una demanda por 100 pesos, la compañía le reclamaba por ejemplo 90pesos al INdeR (porque le transfirió 90% del reaseguro) pero la aseguradoraprevisionaba sólo 1 peso y no 10 pesos. Sólo con homogeneizar los reclamosen función de la historia o del monto nominal, se había logrado reducir losreclamos a sólo 600 millones de pesos. Pero cortocircuitos entre lasdistintas áreas del gobierno dejaron todo tal como estaba. Ahora la deudareclamada ascendería a unos 1.300 millones de pesos, pero el gobierno estimaque sólo deberían cancelarse unos 1.000 millones para lo cual se emitirá otroBOCON.