Confirman exigencia para la exportación de carnes

Como si la Argentina nunca hubiera sufrido problemas sanitarios, especialmente en la ganadería vacuna, y como si aún no estuvieran frescos -y vigentes-los daños económicos provocados, no sólo por el último brote de aftosa sino, especialmente, por la actitud adoptada luego por el país, nuevamente parece intentar politizarse una decisión oficial que atañe a las normativas de sanidad y a los compromisos asumidos por el país en el exterior. El detonante es la aplicación de una normativa oficial que suspende a una serie de establecimientos de la lista de los autorizados para exportar a la Unión Europea.

No es nuevo, y mucho menos novedoso, que el sector ganadero en general y el frigorífico en particular son altamente «sensibles». Cualquier decisión, norma, disposición generalmente provoca turbulencias de las que participan, no sólo los directamente involucrados, sino también legisladores, intendentes, gobernadores, políticos y hasta concejales.

Los hechos de los últimos años, que dejaron un saldo de poca credibilidad (y menor seriedad) sobre el país, al menos debieran servir para no seguir cometiendo los mismos errores. Hoy la Argentina tiene una única chance: cumplir a rajatabla las normas que imponen los mercados internacionales a los que intenta volver a acceder o, en caso contrario, olvidarse de ellos. A los Estados Unidos, a Japón, o a la Unión Europea no les interesan las «negociaciones» políticas locales, ni quién es amigo de cuál, ni los lobbies que puedan actuar. Lo único que tienen en claro es que sus normas (coherentes o no) deben ser cumplidas para acceder a su mercado y que los organismos públicos encargados de controlar el cumplimiento en origen tienen que ser confiables.

• Presiones

¿Y cómo es posible serlo si las decisiones técnicas están contaminadas de presiones políticas, o intereses particulares? Ahora, se asiste a un nuevo embate del desconocimiento o, más grave aún, de la falta de conciencia sobre el tema: no «pierde» un frigorífico en particular, ni una localidad «por el cierre de la fuente de trabajo» (como le gusta argumentar a la clase política). Pierde el conjunto de la ganadería y, especialmente, el país.

A pesar de versiones periodísticas, algunas desinformadas, otras interesadas, lo concreto hoy es que el cumplimiento de la norma por parte del SENASA sigue adelante avalada, en primer lugar, por la Secretaría de Agricultura de la Nación y por el resto del gobierno. El asunto probablemente será oficial sobre fines de esta semana, cuando finalicen las evaluaciones que comenzaron hace más de un mes y que implican el cumplimiento de normas desde el '95 hasta la más reciente, la 01/03 del 2 de enero pasado.