El gobierno hará oficial hoy su avanzada sobre los grandes exportadores de cereales, a los que exige que abonen al fisco u$s 649 millones adeudados en concepto de retenciones mal liquidadas.
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La resolución 1487 fue firmada el viernes pasado por Ricardo Echegaray, titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), y hoy será publicada en el Boletín Oficial. Allí consta el pedido a la AFIP para que cobre el millonario monto a un grupo de 35 firmas exportadoras de cereales, entre las que se encuentran Nidera, Dreyfus, Cargill, Bunge y Los Grobo.
La polémica por la liquidación de exportaciones se centra en que el grupo de empresas en cuestión anotó más de 6,2 millones de toneladas de soja antes de la última suba de las retenciones, ocurrida el 9 noviembre pasado, que elevó el impuesto a 35%. Con esta maniobra pretendían «congelar la alícuota que iban a pagar de 27,5%», se indicó desde la ONCCA.
Ahora el Estado exige que abonen 35%, bajo el argumento de que los exportadores no acreditaron «la tenencia o adquisición de los productos», según la resolución de la Oncca. Echegaray informó que las cerealeras involucradas debían pagar u$s 1.590 millones en concepto de retenciones, pero al inscribir las exportaciones en forma anticipada sólo abonaron u$s 940 millones. La Resolución 1487 las obliga a cubrir el saldo de u$s 649 millones. Este escenario había sido descripto por Echegaray el jueves por la noche, cuando expuso ante las comisiones de Agricultura y Presupuesto de Diputados en el Anexo del Congreso.
El pedido de la Oncca a la AFIP se apoya en la Ley 26.351 sancionada en diciembre último y conocida como Martínez Raymonda. Esta ley recortó el tiempo para inscribir las operaciones, que hasta entonces era de 360 días, y, además, exige la propiedad de la mercadería para la inscripción. Pero recién el 13 de mayo pasado fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 764, que reglamenta lo dispuesto por la Ley Raymonda. A posteriori, surgió la Resolución 543 de la Oncca, que estableció en 45 días el plazo entre que se presenta la declaración jurada de exportación y efectivamente se carga el barco con el grano.
En respuesta, desde el sector afectado argumentan que la operatoria de los exportadores fue legal, ya que aún no estaba reglamentada la Ley Raymonda. Así lo sostuvo Mario Acaroni, directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario que el jueves pasado expuso en el Congreso en representación de todas las Bolsas del país. Ese mismo día, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales habían publicado una solicitada titulada «Basta de mentiras» en la que negaban las denuncias de Echegaray, que anteriormente ya habían sido presentadas en el fuero penal por Mario Cafiero y Ricardo Monner Sans.
Por otra parte, exportadores y analistas del sector coinciden en que el negocio se frenará ahora, ya que no se registrarán granos para vender con estas retenciones, por el contrario esperarán a que el Congreso tome una decisión final y recién ahí evaluarán qué medidas tomar.
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