El comercio exterior experimenta su segundo día de parálisis luego de que el presidente Javier Milei desregulara, vía decreto, el servicio de practicaje y pilotaje portuario, lo que derivó en un conflicto con los trabajadores del sector que amenaza con escalar. Entre el empresariado predomina la incertidumbre y la preocupación por la medida de fuerza —que trae aparejadas pérdidas millonarias— y deslizan cuestionamientos al Gobierno por el poco tacto a la hora de gestionar la reforma.
Conflicto en los puertos: crece el malestar entre los empresarios por la parálisis del comercio exterior
Tanto las cámaras exportadoras como las de importadores advirtieron que podría dañar la reputación de la Argentina en el comercio internacional. Además, cuestionaron la forma en que el Gobierno implementó la reforma y pidieron que lo resuelva cuanto antes.
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El conflicto portuario amenaza con dañar la reputación de Argentina en el comercio global, según los empresarios.
Según el Centro de Navegación (CNAV), cámara que agrupa a las agencias marítimas responsables de más del 80% de las cargas del comercio exterior, había al menos 140 buques pendientes de confirmación del servicio. La medida afectó los puertos de La Plata, Dock Sud, Buenos Aires, Zárate-Campana, Quequén, Bahía Blanca, Rosario y otros del Paraná, con operaciones que tuvieron que ser redireccionadas a Montevideo y al sur de Brasil.
"Es terrible que pase esto", reconoció el empresario e importador Martín Zocchio ante la consulta de Ámbito. "Eso trae muchas complicaciones, porque el buque que tiene inconveniente para entrar a puerto y después de una espera prudencial no puede entrar, descarga en un puerto alternativo".
Por ejemplo, explicó que traer un contenedor desde la capital uruguaya implica "entre u$s700 y u$s1.000 adicionales en los gastos en destino".
La medida también impactó en la distribución de combustible. La Cámara Argentina de Energía (CADE) reportó 12 buques tanque frenados, lo que genera riesgo de desabastecimiento de nafta, gasoil y fuel oil, con muelles afectados en Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova (Chubut).
"Entre las operaciones suspendidas figuró la del buque White Marlin, necesario para tareas del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que supera el 75% de avance de obra", advirtieron desde el banco Mariva en uno de sus últimos informes.
"Con los buques que vienen a cargar, tal vez haya un poco más de contemplación y tengan que esperar, pero eso también genera un costo operativo que alguien termina pagando", se lamentó Zocchio.
El malestar en el sector agroexportador
El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Gustavo Idígoras, advirtió a Ámbito sobre la gravedad de la situación en el polo exportador del Gran Rosario, señalando que la cantidad de embarcaciones detenidas aumenta rápidamente.
"A este momento estamos superando los 45 barcos y, en caso de que esto no se solucione en el día de hoy, vamos a estar sumando unos 30 barcos más y así sucesivamente. Cada demora de barco es como un taxi que va cobrando entre u$s50.000 y u$s100.000 por día", explicó.
Si bien Idígoras se mostró a favor de la reducción de costos en los puertos, criticó la implementación de la medida oficial y cuestionó la falta de una mesa de diálogo previa con los prácticos para discutir los cambios normativos.
"Avalamos cualquier programa de desregulación que implique reducir costos de exportación, pero evidentemente la forma en que se hizo generó una explosión interna en esta actividad", reconoció ante este medio.
E instó a una intervención estatal inmediata para destrabar la situación. "La Prefectura, como autoridad competente, tendría que convocarlos a una mesa de trabajo en el día de hoy para encontrar una hoja de ruta que permita implementar el decreto y que todos vuelvan a trabajar".
El impacto económico y reputacional
Además, Idígoras expresó su preocupación por cómo este conflicto afecta la imagen del país en el comercio internacional. "Argentina puede entrar en una lista de países inseguros a la hora de cumplir con sus contratos de exportación", advirtió, algo que beneficiaría a competidores directos como Brasil.
De manera similar, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) expresó su preocupación por la situación, ya que "representa un freno directo e inmediato para la economía nacional" que amenaza con generar un deterioro de la reputación internacional del país.
"La imprevisibilidad operativa y el riesgo de desvío de buques hacia puertos de la región deterioran la imagen de la Argentina como origen confiable, comprometiendo acuerdos comerciales construidos durante años", argumentaron en un comunicado oficial.
A eso se suma el hecho de que la cantidad de buques demorados interrumpe el flujo normal de las exportaciones e importaciones, "deteniendo de forma inmediata el ingreso de divisas fundamentales para la estabilidad macroeconómica del país".
Esa situación también provoca un "quiebre de las cadenas de suministro", debido a que el freno portuario "genera un efecto dominó que paraliza el transporte terrestre (camiones y ferrocarriles), colapsa la capacidad de acopio en las terminales y desabastece de insumos industriales y energéticos estratégicos para la producción local".
Además, la CPPC alertó que la imposibilidad de cumplir con los plazos acordados "somete a los exportadores a severas penalidades contractuales e incrementa de forma desproporcionada los costos logísticos por los sobrecostos generados".




