Chrystian Colombo comió anoche con la dirigencia de la CGT de Rodolfo Daer, junto a Patricia Bullrich. Sin embargo, no terminó de definir una invitación que viene estudiando para que los sindicalistas participen de la reforma tributaria en lo que tiene que ver con el combate al trabajo en negro. En cambio, no necesitó cena alguna para resolver que el empresariado se acerque a esa tarea. En realidad, da la impresión de que el gobierno está utilizando la modificación impositiva como una excusa para mantener el diálogo abierto con distintos sectores. Si se observa bien, la operación que se pretende llevar adelante involucra casi exclusivamente a las provincias donde rigen los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos, que se pretenden eliminar. José Luis Machinea, sin ir más lejos, ya le envió una "circular" a los gobernadores recordando que el compromiso firmado con la Nación supone una elaboración de la reforma en un plazo de 120 días.
El gobierno tiene pensado ampliar el debate sobre la reforma tributaria al empresariado. También circula en el Gabinete la idea de incorporar a la CGT a esa discusión, especialmente en los capítulos relacionados con combate al trabajo en negro. Sin embargo, anoche, durante una comida con la cúpula de la CGT, en la que participó Chrystian Colombo, la invitación no fue cursada oficialmente.
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En la reunión, se verificó un detalle político significativo: el jefe de Gabinete concurrió al encuentro con Patricia Bullrich, deliberadamente. La última vez que el funcionario se había encontrado con «los gordos», éstos le habían pedido la cabeza de la ministra, complotados con Anselmo Riva, el número dos del Ministerio de Trabajo. Colombo tomó venganza anoche, una señal de que no es tan transigente como creían.
Las iniciativas tributarias del gobierno interesaron poco a los sindicalistas. La reunión se hizo en la Federación de Empleados de Comercio, que conduce Armando Cavalieri, un dirigente para el cual el único tema que justifica una conversación oficial es el dinero que pretende para su obra social. Los sindicalistas consiguieron que el gobierno les reconociera $ 37 millones de la deuda que les reclamaban a los recaudadores de aportes. Definida la suma y prometido el pago, comenzó la guerra entre ellos. Apenas pudo resolverse el conflicto durante un asado que se sirvió el viernes pasado en Mar del Plata: fue en la casa de Luis Barrionuevo, y en su transcurso se dispusieron las proporciones a repartirse. A «los gordos» les correspondería 70% de esos $ 37 millones ($ 26 millones) y a los sindicalistas de empresas privatizadas, el resto ($ 11 millones). ¿Y lo que le corresponde a Hugo Moyano y su MTA? Nadie se planteó el problema en el sindicalismo oficialista y eso traerá problemas.
Durante la reunión de anoche, Colombo y Bullrich escucharon de los gremialistas algunas propuestas que ya había transmitido el ministro de Salud, Héctor Lombardo, quien pasa más tiempo con los hombres de la CGT que con sus colegas del gabinete. Los jerarcas de la central obrera piden más tiempo para que se implemente la desregulación de las obras sociales y, sobre todo, reclaman que se les mantenga la exclusividad por 9 meses sobre los empleados que acceden al primer puesto de trabajo. Los más entusiastas van más allá y piden que cualquier reforma se realice por ley, incluyendo todo el sistema de salud. Es decir, que no haya reforma por muchos años.
La decisión de Colombo y Bullrich parece haber sido son-dear a la dirigencia gremial. Estos dos ministros, a diferencia de Lombardo, creen que la CGT de Rodolfo Daer está incapacitada para realizar un paro de dimensiones en febrero, como amenaza. Les preocupa más, claro, la red de inhibiciones judiciales que el sindicalismo consiguió para trabar los decretos de desregulación, aunque crean íntimamente que esos decretos terminarán siendo convalidados por la Corte.
