Cromañón: procesan a Callejeros por el mismo delito que a Chabán

Recalificó el juez Lucini los cargos en contra de los músicos y el manager. Se los imputó por estrago doloso seguido de muerte. Y elevaron embargo a $ 48 millones.

Patricio Fontanet, líder de Callejeros

La Justicia complicó ayer la situación de los músicos y el manager de la banda Callejeros, que fueron procesados por el delito de "estrago doloso", la misma figura penal por la que se encuentra preso el empresario Omar Chabán. Además se elevo el embargo que ahora alcanza casi los $ 48 millones.

La decisión fue adoptada por el juez de instrucción Julio Lucini, quien formuló una serie de ajustes en las situaciones procesales de los imputados días antes de abandonar la instrucción del expediente y luego de que la Cámara del Crimen desechara, meses atrás, la acusación por "homicidio culposo" e instauró la imputación por "estrago doloso".

Lucini consideró que los siete miembros de la banda, el manager Diego Argañaraz, Chabán y cuatro policías federales de la comisaría 7ma tuvieron una responsabilidad conjunta en el incendio en República Cromañón que el 30 de diciembre del año pasado dejó un saldo de 194 muertos.

La decisión de Lucini fue repudiada por los músicos de la banda de Villa Celina, cuyo líder, Patricio Santos Fontanet, calificó la medida como el producto de una "operación política cuasi mafiosa".

Del fallo del juez surge que Fontanet y los músicos Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Cristian Torrejón, Elio Delgado, Eduardo Vazquez y Daniel Cardell son coatuores del delito de "estrago doloso seguido de muerte", acusación por la que podrían recibir una pena de entre ocho y veinte años de prisión.

El juez explicó que los músicos podrán permanecer en libertad, pese a estar procesados por el mismo delito que Chabán, porque según el juez -a diferencia del gerenciador de Cromañón- nunca evidenciaron intenciones de fugar.

En su resolución, el magistrado puso el eje de sus cuestionamientos en que la banda promocionaba el uso de pirotecnia en sus shows, a sabiendas del peligro que esto ocasionaba en el lugar cerrado, y que permitió el ingreso de un número de asistentes muy superior a la capacidad del local.

Para el magistrado, el grupo consintió estas situaciones de peligro y "eligió tocar en República Cromañon justamente para evitar todo tipo de control, puesto que ello los sujetaba al acatamiento de una serie de requisitos que no estaban dispuestos a cumplir".

"Lo cierto es que, valorado el peligro, decidieron continuar con sus planes, puesto que privilegiaron la realización de un recital en sus términos, es decir, al margen de la ley", sentenció Lucini.

Con respecto a la pirotecnia, Lucini destacó que Chabán "procuraba evitar a toda costa el ingreso de pirotecnia a su local", mientras que los Callejeros "prefirieron mantener una posición cómplice y complaciente con su público, para lo cual se procuraron un sitio que les permitiera evitar el control y así facilitar el ingreso de pirotecnia, privilegiando la simpatía de sus jóvenes seguidores por sobre la seguridad de éstos".

Incluso, Lucini llegó a manifestar que "en términos de conductas no permitidas orientadas hacia la realización de un riesgo, podría decirse que la situación de Callejeros (como promotores del uso de pirotecnia y responsables por la cantidad de asistentes) deviene más comprometida que la del propio Chabán".

"Simplemente, se ocuparon de organizar el espectáculo en aquellos aspectos que les resultaban más beneficiosos, librando a Chabán o al azar la concreción y puesta en marcha de las medidas de seguridad que ese lugar requería. En realidad, la banda sabía que allí la seguridad no era una prioridad y por eso eligieron ese lugar", reprochó el juez.

Con respecto a los policías, el juez decidió procesar al comisario Gabriel Sevald y al subcomisario Carlos Díaz por "estrago doloso", sumando esta acusación a la que ya pesaba en su contra por el supuesto cobro de coimas por parte de las autoridades de Cromañón.

Los agentes Oscar Sosa y Cristian Villegas también fueron procesados por ese delito, que sumó a la imputación de "incumplimiento por los deberes de funcionario público" que ya se había emitido en su contra.

El juez sostuvo que los efectivos policiales sabían del ingreso de personas en un número mayor al permitido, de las fallas en materia de seguridad y del suministro de bebidas alcohólicas, pese a lo cual no clausuraron el predio por el "arreglo espurio" que habrían realizado con Chabán.

"Cien pesos por cada quinientos chicos es el valor que los funcionarios, en definitiva, terminaron asignando a la vida de los miles de asistentes que concurrían a ese predio", enfatizó el magistrado.

En esta línea, el juez concluyó: "El incendio se derivó de la conjunción de factores que coadyuvaron a la realización de ese riesgo. Todos y cada uno de los imputados en estas actuaciones han efectuado un aporte a la producción del mismo: desde quien arrojó la candela hasta el funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que diagramó las políticas que permitieron la ausencia de todo control sobre el predio".

•También se elevó el embargo contra la banda: ahora es de casi $ 48 millones

El juez Julio Lucini decidió elevar también la suma del embargo sobre sus bienes, que ahora cubre una cifra de casi 48 millones de pesos.

En su resolución de comienzos de junio, el juez Lucini había procesado a los ocho integrantes de Callejeros (los siete músicos y el mánager) por "homicidio culposo" y el embargo económico ascendía a 10 millones de pesos.

Sin embargo, al agravar la carátula que pesa sobre la banda de Villa Celina, el magistrado decidió también elevar el monto del embargo, que ahora es de 47,9 millones.

Aún peor es la situación de los cuatro policías que quedaron también procesados por "estrago doloso", a quienes embargaron bienes por 57,9 millones.

En el caso de los uniformados, el magistrado aseguró que su situación es aún más grave, por tratarse de funcionarios públicos.