Cuáles son los bienes del Estado que están en peligro
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Son inembargables, de acuerdo a tratados internacionales. Aún cuando la Argentina renunció a su inmunidad sobre determinados activos al emitir bonos durante los '90, las reservas quedaron a salvo. El Banco Central, de todas formas, no informa en dónde están depositadas para evitar la acción de los acreedores. El grueso de las divisas estaría en el Banco Internacional de Pagos de Basilea.
• PAGO DE BODEN
Uno de los principales botines de los acreedores pasa, justamente, por trabar los nuevos pagos de los títulos emitidos a partir de 2002, es decir, que no están en default. La semana que viene, por ejemplo, el gobierno debe pagar una cuota de intereses (y en algunos casos también cancelación de capital) de los BODEN 2007, 2012 y BOGAR 2018. En Economía aseguran que estos pagos no corren peligro alguno.
• EMBAJADAS
Los inmuebles de Cancillería en el exterior también son inembargables. No obstante, ya hubo algún inconveniente con la embajada argentina en Alemania ante la agresiva postura de algunos jueces de ese país. Fue modificado el mecanismo de pago de sueldo a los embajadores y demás funcionarios diplomáticos para que no corran el peligro de embargos.
• ACTIVOS PRIVADOS
Ni el dinero ni las propiedades que los argentinos poseen en el extranjero están sujetos a la posibilidad de embargos. Únicamente los acreedores tratan de ejecutar bienes del Estado nacional o de las provincias, en los casos de aquellas que también se encuentran en default.
• GIROS AL FMI
Es otra de las posibilidades, ya que el gobierno efectúa pagos regularmente al Fondo y a los demás organismos multilaterales. El gobierno sostiene la postura de que se trata de acreedores privilegiados sobre el resto. En cambio, los inversores que demandan al país aseguran que no tendrían que hacerse diferencias, por lo que también presionan para que se efectúen quitas al FMI.
• COMISIONES A BANCOS
Fue uno de los puntos que trabó el acuerdo del gobierno con el sindicato de entidades que debe participar en la reestructuración de la deuda. Las entidades querían seguridad de cobro, ante la posibilidad de sufrir también el embate de los fondos buitre. Incluso, plantearon la posibilidad de cobrar por adelantado.




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