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También mencionó Ibarra acerca de normas que provenían de 1910 -y solamente referidas al área específica de controles de tales recintos, imaginemos para el total- y que los sucesivos gobiernos en la Ciudad nunca se habían encargado de modificar. Igualmente se ha visto esto en el tratamiento sumamente benigno que se les ha dado a figuras del delito económico en el país: al que se trata como si no tuviera la verdadera gravedad que posee, en tren de aumentar la pobreza, el hambre, la miseria y como factor que desencaja a una sociedad.
En tanto, con bastante frecuencia leemos de proyectos que se presentan por nuestros legisladores, buscando varias el nombre de una calle (o de una estación de subterráneo), o bien sobre temas realmente pueriles, cuando hay tanto tema importante por corregir.
Cuándo se llegará a remozar, a analizar con toda seriedad y de manera completa el conjunto legal en el país, para otorgarle una base representativa para la época que corre, y confiable, no parece estar entre las prioridades de casi nadie. Existen delitos económicos propios de los avances tecnológicos y de modernas pillerías: que casi no poseen un encuadre capaz de castigarlos, con la severidad que el propio delito exige.Y así el círculo vicioso se sigue cerrando solo, exponiendo cada tanto -como ahora Ibarra- que hay una legislación decrépita pero ajustándose a ella, en vez de revisar todo.



