Los empresarios y los representantes de los empleados del comercio llegaron anoche a un principio de acuerdo en las negociaciones que mantuvieron en el Ministerio de Trabajo, con lo cual unas 800.000 personas podrían tener mejoras salariales desde julio o agosto próximo.
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En principio, y tal como anticipó este diario, el sueldo mínimo de estos empleados pasaría de los 650 pesos a una cifra de entre 850 y 880 pesos mensuales, una posición intermedia entre lo que ofrecían las cámaras empresariales ($ 700 mensuales) y lo que reclamaban los sindicalistas ($ 1.000).
El anuncio oficial del acuerdo se haría el próximo jueves, cuando las partes se reúnan nuevamente en el Ministerio de Trabajo a las 11, y luego de que los empresarios y los sindicalistas aprueben internamente lo pactado.
• Fiscalización
Las partes hablaron también sobre la necesidad de profundizar las políticas de fiscalización laboral para descubrir casos de trabajadores «en negro», una realidad que afectaría a más de 60% de los empleados de los comercios; cifra que además, fundamentalmente en el interior del país, podría incrementarse luego de los aumentos salariales que se impondrán para este sector. En el Ministerio de Trabajo, y con la presencia de Carlos Tomada como principal mediador, estuvieron ayer presentes Carlos de la Vega por la Cámara de Comercio (CAC), Osvaldo Cornide de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), y otros representantes de la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), mientras que Armando Cavalieri llegó como responsable máximo de la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).
El sindicalista había comenzado temprano a condicionar la reunión al declarar que «vamos hoy al Ministerio de Trabajo con la firme convicción de que los empresarios deben entender de una vez por todas que hay que darle un empujón a la reactivación de la economía, y una de las mejores maneras es a través del salario». Advirtió también que «de no mediar un acuerdo con las cámaras empresarias», convocarán «en forma urgente a un plenario nacional» para analizar un eventual plan de lucha. La impresión que quedó para los empresarios es que Tomada impulsó la suba salarial, y que en el fondo flotaba un acuerdo político entre el gobierno de Néstor Kirchner y Cavalieri, mirando más la interna que éste mantiene con el camionero Hugo Moyano por la conducción de la CGT y la situación del justicialismo, que un análisis detallado de la situación del comercio en el país. La imagen que se llevaron los representantes de los empresarios es que para el Poder Ejecutivo es necesario que el gremio más importante del país llegue a las elecciones de octubre con un incremento salarial; aunque éste alcance a menos de la mitad de los empleados mercantiles.
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