19 de julio 2001 - 00:00

Déficit cero: sin solución de fondo

El Ministerio de Economía explicó cómo se logrará el déficit cero en el tercer trimestre para lo cual será necesario un recorte de los gastos programados de alrededor de 13%. En líneas generales, se puede considerar que el objetivo que se plantearon podrá lograrse; más allá que a lo largo del período pueda ser necesario elevar algo más el ratio de ajuste.

Por otro lado, también, se preocuparon por dejar claro cómo esto colaboraba a conseguir la solvencia del Estado hasta finales de año. Para ello, es necesario que se logre refinanciar los vencimientos de deuda de capital. En ese sentido, las amortizaciones de pasivos de largo y mediano plazo estarían cubiertas por los desembolsos comprometidos por los organismos internacionales. En tanto, los vencimientos de LETES se cubrirán con diversas fuentes.

En principio, el Fondo de Desarrollo Provincial recibirá los recursos obtenidos por el Impuesto a las Ganancias que anticipen las empresas y bancos, además, ayudarán a cubrir parte de las necesidades de financiamiento del gobierno que surgen de los vencimientos de capital de LETES. Esto es así, debido a que $ 330 millones de los mismos se utilizarán para devolverle al Tesoro Nacional los recursos que adelantara a principios de mes para facilitarles a los gobernadores el pago de los aguinaldos y que se utilizarán para cancelar LETES. Por otro lado, $ 320 millones se usarán para pagar los vencimientos de deuda con garantía de coparticipación de las provincias que están en el Fondo de Desarrollo Provincial. Los bancos se comprometieron a utilizar esos recursos para refinanciar LETES. Con respecto a los restantes vencimientos de LETES, se está negociando con los bancos un canje de los mismos por un papel más largo. De esta forma, se sacaría del mercado la mayor parte de las letras en circulación. El remanente tendría una demanda asegurada por las necesidades técnicas de los fondos institucionales.

Hasta acá de podría decir que, desde el punto de vista técnico, el programa «cierra» y es creíble. Sin embargo, es bueno dejar en claro cómo hemos llegado al punto de perder el crédito y de tener que hacer tamaño ajuste en el sector público. Hace muchos años que se viene reclamando a los distintos gobiernos encaren una reforma del Estado que vuelva el gasto público útil a la sociedad. Sin embargo, lejos de ello, la actitud predominante fue seguir malgastando. Es más, en líneas generales, cuando los ingresos aumentaban debido a que la economía crecía, se incrementaba el despilfarro y, cuando los recursos tributarios se reducían por la recesión, se aumentaban los impuestos para evitar o moderar la reducción de las erogaciones. En algunos casos, se decidió reducir el gasto público y despilfarrar menos. Hasta que no quedó más remedio que decidir despilfarrar solamente lo que tenemos, o sea lo anunciado por el PE de buscar déficit cero; lo cual es mejor que malgastar, también, aquello con lo que no contamos. Sin embargo, hasta ahora se viene evitando reestructurar el Estado debido a que de su burocracia e inutilidad dependen muchos políticos y sindicalistas.

•Compromiso

Como vemos, el problema de fondo todavía no ha tenido solución; ya que para ello debe implementarse una profunda reforma del sector público. Los funcionarios del Ministerio de Economía y el PE parecían estar convencidos de que tienen que avanzar en ese sentido y, de hecho, lo han asumido como un compromiso para los próximos meses. Sin embargo, para lograrlo dependen del apoyo político necesario para llevar a cabo su diseño e implementación. Este es una de las tantas reformas estructurales que todavía quedan pendientes y que necesita mostrar urgente el país para garantizar que es viable en el largo plazo.

Lamentablemente, desde el inicio de su gestión, el PE no ha logrado que la coalición que lo apoya y lo llevó al poder se cohesione para asumir su «rol» de gobierno. Constantemente, gran parte de los dirigentes que la conforman se han negado a asumir el costo político necesario para encarar los cambios que necesita el país; lo cual implica rehuir sus responsabilidades como «oficialismo». Por ello, no es de extrañar que el gobierno haya ido perdiendo credibilidad desde que asumió; ya que su principal «oposición» parecía estar enquistada en su interior.

Es así como en la medida que fue perdiendo imagen en términos de capacidad de gestión, se fueron desencadenando las distintas crisis políticas, que empezaron con el cambio de gabinete de octubre de 2000 y que derivó en la renuncia del ex vicepresidente Carlos Alvarez. Estas derivaron en la pérdida absoluta de la credibilidad del gobierno y, por lo tanto, de su disponibilidad de crédito, poniéndonos al borde de la cesación de pagos.

Con las medidas lanzadas el miércoles 11, el PE dio un primer paso en el sentido correcto. Ahora, debe demostrar que está dispuesto y con prontitud a continuar con el rumbo iniciado. Para ello, necesita demostrar que tiene poder político para hacerlo. En ese sentido es importante como señal que se haya logrado el apoyo de los gobernadores justicialistas y aliancistas al concepto de desequilibrio cero. Para reforzar esta imagen de apoyo político sería importante que, en forma urgente, el PE lograra ratificar, en el Congreso, el decreto de necesidad y urgencia que fija el déficit cero.

Sin embargo, esto no garantiza que tendrán el apoyo para avanzar en otros temas. En ese sentido, resulta relevante volver a recomponer la Alianza que daba sustento al PE y, para ello, quizá se deba pagar algún costo en términos de postergar la entrada en vigencia de las mayores deducciones de Impuesto a las Ganancias a 2002 y revertir la baja del Impuesto a las Transferencias de los Combustibles de las naftas, subiendo con esos recursos el mínimo a partir del cual alcanza el ajuste a los jubilados. El beneficio en términos de impacto de credibilidad política del PE superaría en gran medida los perjuicios de retrotraer estas medidas. Además, se puede justificar esta actitud en el estado de emergencia que motiva pedirle un ajuste a los empleados estatales y a los jubilados. Sin embargo, debería negarse la posibilidad de incrementar los aportes patronales a los sectores de servicios. Esto desincentivaría el empleo en el sector que mayor capacidad de generación de puestos de trabajo puede generar en un proceso de recuperación económica y, por lo tanto, complotaría contra el objetivo prioritario de disminuir el desempleo.

Por suerte, pareciese que se están empezando a dar las condiciones para que se logre un consenso político. Tanto los medios como la opinión pública están presionando fuertemente en ese sentido. Sin embargo, todavía resta saber cuál es la respuesta del alfonsinismo y del Frepaso a la necesidad de cumplir con su rol de ser parte de la coalición oficialista y asumir sus responsabilidades, es decir, los costos políticos que implican las medidas de gobierno. Si esto no sucede, es poco esperable suponer que los justicialistas puedan cubrir ese papel. Esto supondría pedirles que paguen los costos políticos de resolver los problemas que generaron, justamente, aquellos que «abandonan el barco» y que, elecciones por delante, se irán a la «vereda del frente» para acusarlos de todos los sacrificios que significarán la implementación de las medidas necesarias. En tanto, sí es imaginable un peronismo actuando constructivamente frente a una coalición de gobierno reconstituida y tomando las decisiones que conduzcan a superar la crisis.

Esperemos que nuestra dirigencia política tome conciencia del estado de emergencia en que se encuentra el país y actúe con responsabilidad. Esta es la única forma de evitar una crisis institucional y comenzar a recuperar la credibilidad perdida. Si esto se logra, el crédito para el sector público volverá. Los capitales ingresarán nuevamente al país financiando el gasto interno y la propensión a consumir e invertir aumentarán. Así lograremos incrementar la demanda interna que absorbe alrededor de 90% de la producción de bienes y servicios del país e iniciar el camino de la recuperación económica que nos saque de este «círculo vicioso y depresivo» en el que está sumida la Argentina.

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