FMI: para cerrar las cuentas, la mayor caída del gasto se dará en obra pública

Lo destinado a obra pública pasará del 2,2% del PBI al 1,8% para 2022, según acordó el Gobierno con el FMI para cumplir las metas anuales de déficit fiscal del acuerdo. Inquietud en el sector por la ralentización de las obras y sus efectos.

El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo con Argentina, y anticipó las desviaciones al programa inicial producto de la guerra. Sin embargo, las metas anuales se mantienen iguales, por lo que ante el mayor gasto que realizó el Gobierno en subsidios energéticos y protección social, el mayor recorte para cumplir con la meta de déficit fiscal se hará en obra pública. En el sector manifiestan preocupación por el impacto en el empleo, que se acercaba a los máximos históricos, pero que anticipan que producto de la inflación y las importaciones, se ralentizará.

En diálogo con Ámbito, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), contó que hay preocupación en el sector: “Vimos el informe del FMI y genera una enorme preocupación, porque cuando hay un impulso a la obra pública como ocurre desde el año pasado, las empresas contratan personal, se endeudan para ejecutar obras, y apuestan a inversiones importantes, porque así lo había manifestado el Gobierno. Esto va a generar pérdidas importantes”.

De todos modos, Weiss explicó que de momento la actividad en la construcción es buena, con datos de empleo que alcanzaron los 470 mil trabajadores. Además, manifestó que el ruido en la actualidad en el sector no pasa por el acuerdo con el FMI, sino por la inflación. “La disminución de la actividad va a venir por la suba en los precios, los aumentos de costos son muy fuertes, y todas las formulas de redeterminación de precios no funcionan con estos niveles de inflación. Eso va a empezar a bajar los niveles de ejecución y si se consolida en el tiempo, va a empezar a resentir el empleo, lejos de la idea de alcanzar el máximo histórico”, anticipó Weiss.

En el informe del staff del FMI se establece que la meta del déficit fiscal continuará siendo del 2,5% del PBI para 2022, lo que va a requerir “políticas fiscales más estrictas” para la segunda mitad del año, con una “reorientación del gasto”. La implementación de “medidas compensatorias” son ante el mayor gasto que hubo en subsidios energéticos, que crecieron más del 70% en términos reales, y asistencia social, relacionado a los “efectos indirectos” de la guerra con Ucrania, dice el documento.

“Las autoridades se mantienen comprometidas con el 2,5% del PBI de déficit fiscal para 2022, y para este fin, desarrollaron un paquete de medidas”, asegura el informe del FMI. La principal medida será la de “priorizar mejor el gasto de capital”. De hecho, ahí es donde se ve la mayor baja: firmado el acuerdo, el gasto en obra pública era del 2,2% del PBI, mientras que ahora bajó 0,4 puntos, a 1,8% del PBI. El gasto público en su totalidad deberá dejar de crecer al 12,8% en términos reales, para ubicarse en -7,8%. Otro de los ítems donde se refleja una caída, aunque en menor medida, es en las transferencias a las provincias.

Analistas económicos no se sorprendieron ante la definición del recorte en obra pública. “No se gastan 2 puntos del PBI ni en años de elecciones”, aseguró uno de los economistas más consultados del mercado. Sin embargo, la dinámica preocupa, según manifestó Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estadios Scalabrini Ortiz (CESO): “La menor obra pública impacta en la competitividad, en los desafíos estructurales, las demandas sociales, el acceso a los servicios, la vivienda y el transporte”, aseguró. “Era esperable el recorte, pero llama la atención el poco margen que da al Gobierno en el segundo semestre, inclusive admitiendo los efectos de la guerra, no da ningún crédito para cambiar las metas y el cambio en la política fiscal es bastante brusco”, agregó.

El recorte en la obra pública de 0,4 puntos del PBI implica más de $300 mil millones, estimó Pertierra, en base al PBI proyectado para 2022. En lo que va del año, la inversión de capital fue de $166 mil millones, contra los $610 mil millones que habían sido proyectados en el presupuesto 2022, por lo que transcurrido medio año apenas se ejecutó en un 27%. Sobre la demanda de empleo, estimó que seguramente sea menor a lo que se esperaba.

Para mantener el impulso en la obra pública, la cámara de la construcción mantiene reuniones con el Ministerio de Obra Pública, que encabeza Gabriel Katopodis, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trasporte. Una de las alternativas sobre la mesa es modificar la fórmula de redeterminación de precios de la obra pública, preocupación central para la marcha de las obras contratadas. “Este fenómeno el Gobierno lo conoce bien porque viene desde el año pasado, y se acentúa con la mayor inflación. Lo que genera es que lo que esta en marcha se ralentiza, y lo que está por arrancar se demora”, concluyó Weiss.