Define Lavagna riesgoso proyecto estatizante

Roberto Lavagna deberá definir mañana con los diputados peronistas si acepta o no un proyecto de ley que espera en la Comisión de Energía por el que virtualmente se estatiza una reserva especial de hidrocarburos, provistos por las empresas, para garantizar el abastecimientos y precio constante para los combustibles, abre al uso de otras empresas la capacidad ociosa de refinerías y oleoductos y declara la actividad de interés nacional, entre otros puntos.

Hoy habrá una reunión en la Comisión de Energía y Combustibles para intentar firmar el dictamen del polémico proyecto que es impulsado por el peronista mendocino Arturo Lafalla. En el Senado, al mismo tiempo, ya están listos dos dictámenes similares, impulsados por el presidente de la Comisión de Combustibles, el peronista chubutense Marcelo Guinle, pero que son un calco de lo dispuesto en el borrador de Lafalla.

El proyecto que avanza en Diputados, por lo menos hasta que mañana Lavagna dirima en la cuestión, establece:

• Declara de «interés general» todas las actividades destinadas a la producción, distribución y comercialización de petróleos crudos y gas natural y sus derivados, en el marco de la Ley de Emergencia Pública, «con el exclusivo objeto de asegurar el abastecimiento nacional, evitar cualquier tipo de abuso de posición dominante y de apropiación de rentas extraordinarias».

• Dispone la aplicación de derechos de exportación móviles, retrotrae los márgenes de refinación y comercialización al pasado 1 de abril y crea una Reserva Operativa de Emergencia con aportes de las empresas para garantizar el abastecimiento.

• El proyecto «abre a otras empresas la capacidad instalada ociosa de cada una de ellas, tanto en materia de oleoductos como de poliductos, plantas de almacenamiento, bombeo o compresión, obras portuarias, viales y férreas, infraestructura de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema nacional de hidrocarburos».

• Abre la posibilidad de importar hidrocarburos desde Bolivia al forzar a Repsol a autorizar a adquirentes de gas boliviano, el uso del tramo (unos 18 kilómetros) de gasoducto entre Yacuiba y Campo Durán, ahora sin utilización.

• También establece la creación de un registro de exportadores y se determina que la merma de ingresos provinciales por regalías hidrocarburíferas producida por los derechos de exportación será compensada aplicando parte de lo recaudado por esos mismos derechos.

• Se suspende la aplicación del artículo quinto del Decreto 1.589/89 de Carlos Menem, mediante el cual los exportadores de hidrocarburos tienen la libre disponibilidad de 70% de las divisas originadas por esas operaciones.

El nivel de conflicto que este proyecto está produciendo entre el Congreso y las empresas productoras de combustibles ya hizo que las nucleadas en la Cámara de Exploración y Explotación que preside Oscar Vicente, de Pérez Companc, enviaran un documento que fue leído el jueves pasado ante los diputados de las comisiones de Energía y Combustibles y de Defensa del Consumidor por Adrián Peres, del grupo Bulgheroni.