Demoran final del juez mendocino

El Consejo de la Magistratura decidió ayer postergar hasta que se incorporen nuevas pruebas la definición del juicio político contra el juez federal de Mendoza Luis Alberto Leiva, acusado de presunto mal desempeño por su par Héctor Acosta, de San Rafael, en la misma provincia.

Pese a que existen más de 14 imputaciones, el caso Leiva se ha centralizado en su enfrentamiento con el ex banquero Raúl Moneta, ayudado quizá por la personalidad del ex presidente del Banco República que se ha sobreexpuesto en sus cargos contra el juez federal para neutralizar las presuntas operaciones contrarias que -enancadas en la investigación de Leiva-llevan adelante sectores del Frepaso y del radicalismo, personalizados en los diputados Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez.

Doce integrantes del cuerpo -los jueces Bindo Caviglione Fraga, Javier Fernández Moore y Margarita Arguelles; los senadores Ricardo Branda, Augusto Alasino, Horacio Uzandizaga; los diputados Miguel Picheto y María Lelia Chaya y los abogados Mario Gersenobitz, Eduardo Orio,Angel Garrote y Diego May Zubiría-pidieron que se postergue el tratamiento de la acusación contra Leiva y vuelva a la comisión respectiva a la espera del dictamen de Auditoría de la Corte sobre el presunto contrabando de 52 maletines que se regalaron a otros tantos jueces federales de todo el país durante un congreso específico que se realizó en la provincia cuyana hace cuatro años.

Responsabilidad

Ese dictamen, firmado por el jefe de Auditores, Jorge del Soto, establece que pudo haber responsabilidad penal de Leiva porque no concuerda el precio que dijo el juez mendocino haber pagado por cada uno de ellos, como tampoco habría aparecido el oficial de Gendarmería que introdujo la mercadería.

Esa pericia será tratada por la Corte, presumiblemente el martes próximo, y ya contaría con los votos de cinco de los nueve máximos jueces, el mínimo que se requiere para que pueda dictarse una sentencia de la Corte.

De comprobarse esa pericia, que se da por cierta en las cercanías de Moneta, se abriría una nueva causa penal por supuesto contrabando que se sumaría a la ya existente investigación que lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío por presunta tentativa de extorsión de Leiva a Moneta. Ayer, el ex banquero debía declarar en esta causa, pero postergó la audiencia por presuntos problemas de agenda a los que la agencia oficial «Télam» calificó de «cólico hepático».

En este último caso, el ex banquero acusó al juez de haberle querido cobrarle unos $ 3 millones para no dictarle el procesamiento y prisión preventiva por los supuestos delitos de subversión económica -una figura del Código Penal que se creó para penar a los delitos económicos cometidos por las organizaciones subversivas de los '70-, evasión tributaria y asociación ilícita. Moneta puso como testigo de estos cargos al empresario mendocino, Daniel Vila, de quien sus enemigos políticos sostienen que mantiene negocios en común. Precisamente ayer, el diputado radical Carlos Maestro -ex gobernador de Chubut-acusó duramente al holding supercanal de haberlo hostigado periodísticamente los últimos días para que modificara su voto en favor de Leiva. Esas expresiones se asentaron en acta, y se analiza la apertura de una causa judicial.

Maestro, junto a su par del Frepaso, Pablo Fernández; el senador José Antonio Romero Feris; los representantes de las universidades, Juan Geminiani y Humberto Quiroga Lavié; el camarista Claudio Kiper y el delegado presidencial, Alfredo Vítolo mocionaron para que se votara ayer mismo la acusación a Leiva.