Asunción de Keiko: el regreso del fujimorismo a un Perú que ya no existe

La vuelta del Senado, el avance del crimen organizado, la competencia entre Estados Unidos y China y el megapuerto de Chancay redefinen el escenario que encontrará la nueva administración.

Keiko Fujimori deberá demostrar que el fujimorismo todavía puede ofrecer gobernabilidad en un escenario donde las reglas del juego cambiaron por completo.

Antes de que Keiko Fujimori asuma la presidencia, Perú habrá recuperado una institución ausente durante más de tres décadas. Este viernes 24 de julio jurarán los sesenta miembros de la nueva Cámara de Senadores, desaparecida tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 y suprimida definitivamente por la Constitución de 1993, que instauró un Congreso unicameral. Cuatro días después comenzará un nuevo gobierno.

Hay algo revelador en esa escena. La heredera del fujimorismo iniciará su mandato con un diseño institucional que recupera uno de los principales contrapesos que el gobierno de su padre había eliminado. Pocas imágenes resumen mejor la transformación institucional y política que atravesó el Perú desde entonces y anticipa el escenario que encontrará la nueva presidenta.

Durante años, buena parte del debate giró en torno a una misma pregunta: si el regreso de Keiko Fujimori implicaría también el regreso del modelo político construido por su padre. Probablemente no. No porque el apellido haya perdido influencia, sino porque el Perú que recibe a la nueva presidenta tiene poco que ver con el de entonces.

Tras tres derrotas consecutivas en las urnas, Keiko finalmente llegó al poder. Su verdadero desafío no será reeditar el pasado. Ahora deberá demostrar que el fujimorismo todavía puede ofrecer gobernabilidad en un escenario donde las reglas del juego cambiaron por completo.

A esta nueva etapa, Perú llega después de casi una década de inestabilidad política. Presidentes destituidos, renuncias, disoluciones del Congreso, protestas masivas y una confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo que erosionaron progresivamente la confianza ciudadana en las instituciones. La crisis dejó de ser un episodio excepcional para convertirse en una forma habitual de funcionamiento del sistema político.

En ese contexto, la victoria de Keiko expresa menos una adhesión mayoritaria al fujimorismo que el agotamiento de una sociedad que buscó recuperar cierto orden después de años de crisis política. El ajustado resultado electoral, sin embargo, confirma que el país sigue profundamente dividido y que la legitimidad del nuevo gobierno dependerá, sobre todo, de su capacidad para construir acuerdos.

La recuperación del Senado responde a ese mismo diagnóstico. Refleja la convicción de que el diseño institucional heredado de los noventa ya no alcanza para procesar una política cada vez más fragmentada y que fortalecer los mecanismos de deliberación y control puede contribuir a evitar los bloqueos que marcaron la última década. Ese será el primer gran desafío de la próxima presidenta. La nueva arquitectura institucional, por sí sola, no garantizará una mayor gobernabilidad.

A diferencia de su padre, que ejerció el poder desde un Ejecutivo con escasos contrapesos institucionales, en un contexto marcado por la hiperinflación y la lucha contra Sendero Luminoso, Keiko asumirá con atribuciones mucho más acotadas. El Congreso seguirá siendo un actor decisivo, ningún partido contará con capacidad suficiente para imponer su agenda por sí solo y la negociación permanente dejará de ser una opción para convertirse en una condición de supervivencia política. El fujimorismo, en otras palabras, deberá aprender a gobernar sin la concentración de poder que definió sus orígenes.

Recuperar el rol estatal

Otro desafío será recuperar la autoridad del Estado. En los últimos años, la inseguridad dejó de ser una preocupación exclusivamente policial para convertirse en uno de los principales problemas políticos del país. Las extorsiones, el sicariato, el narcotráfico y, especialmente, la expansión de la minería ilegal transformaron el mapa del crimen organizado y expusieron las crecientes dificultades del Estado para ejercer control sobre parte de su territorio.

El problema va mucho más allá del aumento de la violencia. En distintas regiones, las organizaciones criminales lograron infiltrarse en economías formales, corromper autoridades locales y construir estructuras de poder que compiten con las instituciones estatales. Recuperar la autoridad exigirá mucho más que aumentar la presencia policial o endurecer las penas: implicará reconstruir capacidades estatales que se fueron debilitando durante años de inestabilidad política. Ninguna estrategia de seguridad será sostenible si el Estado continúa perdiendo presencia territorial frente a organizaciones que administran recursos, empleo e incluso mecanismos informales de protección.

La economía constituye otro frente decisivo. Perú conserva fortalezas que muchos de sus vecinos perdieron hace tiempo. Mantiene una inflación relativamente controlada, una tradición de prudencia macroeconómica y un sector minero que continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento. Sin embargo, esa estabilidad convive con un deterioro institucional que terminó frenando inversiones, demorando proyectos estratégicos y alimentando la incertidumbre empresarial.

El nuevo gobierno intentará transmitir previsibilidad y recuperar la confianza de los mercados. Pero esa tarea exigirá un delicado equilibrio. Reactivar la inversión será indispensable para sostener el crecimiento, aunque difícilmente alcance si no logra responder a demandas sociales que, durante años, alimentaron conflictos en las regiones mineras y profundizaron la distancia entre Lima y buena parte del interior del país.

La política exterior también pondrá a prueba el pragmatismo de la flamante administración. En un escenario marcado por la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, Perú dejó de ser un actor periférico para convertirse en una pieza de creciente valor estratégico. Buena parte de ese cambio tiene un nombre propio: el megapuerto de Chancay.

Construido con fuerte participación de capitales chinos, el puerto promete transformar a Perú en la principal puerta de entrada del comercio entre Sudamérica y Asia sobre el Pacífico. Pero su importancia excede la logística. Chancay también convierte al país en un activo cada vez más relevante para la competencia entre las dos grandes potencias, que disputan influencia sobre las rutas comerciales, las cadenas de suministro y las infraestructuras críticas del siglo XXI.

Ese nuevo escenario reduce el margen para los alineamientos ideológicos. Estados Unidos seguirá siendo un socio indispensable en materia de seguridad, inteligencia y cooperación contra el narcotráfico, mientras que China lo hará como un actor clave para la economía peruana, tanto por el destino de sus exportaciones como por el volumen de sus inversiones. La principal tarea del próximo gobierno será administrar esa competencia sin quedar atrapado en ella y convertir su posición geográfica en una ventaja estratégica, en lugar de una fuente de vulnerabilidad.

Quizás la mayor ironía de este nuevo ciclo político sea que la continuidad del fujimorismo dependerá de demostrar exactamente lo contrario de aquello que marcó sus orígenes. Si Alberto Fujimori construyó su liderazgo fortaleciendo el Poder Ejecutivo y debilitando los contrapesos institucionales, Keiko deberá gobernar negociando, construyendo acuerdos y aceptando límites. En un país más fragmentado, con un Congreso bicameral y una sociedad mucho más exigente, el poder ya no se ejerce como hace treinta años.