El radicalismo denunció ayer que mientras Cristina de Kirchner critica en actos públicos el crecimiento de la siembra de soja en detrimento de la producción de leche y carne, el gobierno favorece a los grandes pools sojeros arrendándoles tierras estatales, en lugar de privilegiar a los pequeños productores. Se sabía hasta ahora que el kirchnerismo nunca quiso enfrentarse con los grandes productores ni con los exportadores de cereales.
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De hecho, Gustavo Grobocopatel, que maneja 150.000 hectáreas de soja, fue invitado especial de los Kirchner en el Tango 01 para viajar junto con ellos a Caracas y explicarle a Hugo Chávez cómo solucionar su escasez de alimentos. Por eso no sorprende que tierras propiedad del Ejército Argentino hayan terminado en manos de ese grupo que las explota sólo para soja.
Al mismo tiempo, el cordobés Oscar Aguad, presidente del bloque de diputados de la UCR, presentó ayer un proyecto de ley para que se modifique la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales para que el Estado favorezca «la inserción de los pequeños y medianos productores en el agro y contribuir al alivio de la pobreza en áreas rurales».
División
Esa iniciativa propone dividir los campos estatales en pequeñas fracciones y alquilarlas a los productores más chicos en lugar de entregarlas a los grandes. El ejemplo que puso es más que elocuente de las contradicciones en que cae el gobierno: mientras Cristina de Kirchner critica en actos públicos la sojización del país, «el Ejército Argentino, en el campo General Paz (también denominado La Remonta), ubicado a 7 kilómetros de General Ordóñez, en la provincia de Córdoba, arrienda más de 10.000 hectáreas al grupo Grobocopatel, uno de los grandes grupos de siembraque actúa en nuestro país, Uruguay y Paraguay, explotando en total una extensión de más de 150.000 hectáreas», dijo ayer Aguad.
El proyecto que presentó Aguad establece que «al solo efecto de su arrendamiento», el Estado subdivida sus tierras en parcelas de hasta 250 hectáreas -permitiéndose excepciones de hasta 500 hectáreas cuando el tipo de explotación así lo exija-, «que deberán ser alquiladas a pequeños y medianos productores de la zona, no pudiendo arrendar más de una parcela a cada productor».
«La política de desarrollo rural debe estar orientada a favorecer la inserción de los pequeños y medianos productores en el agro y en la economía nacional, y por esta vía contribuir al alivio de la pobreza en las áreas rurales», dijo ayer Aguad.
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